Museo de la Memoria, un edificio muy costoso para los colombianos

El concejal Julián Rodríguez Sastoque, denunció retrasos, errores de planeación y sobrecostos que rondan la obra convertida en “elefante blanco”, ubicada a pocos metros del Concejo de Bogotá. Además, el contratista a cargo está involucrado en casos de corrupción en Colombia y otros países del mundo

La obra ha sido calificada por los ciudadanos como el edificio más feo de Bogotá, sin embargo, lo más espantoso que tiene es lo que guarda en su proceso de contratación. El concejal de la Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque, y su equipo de trabajo investigaron qué pasa con la obra ubicada a pocos metros del Concejo de Bogotá y cuyo valor inicial del contrato es de $64.281.356.184.

El Museo de la Memoria de Colombia, una obra para recordar la lucha de las víctimas del conflicto armado en el país, hoy permanece a medias y abandonada. Su construcción fue ordenada hace 12 años como una medida de reparación y satisfacción para los millones de personas afectadas por el conflicto con el propósito de recoger, a partir de la reparación simbólica con el registro de los hechos que marcaron esta época del país.

Las gestiones para hacer el Museo iniciaron en 2017, seis años después de que fuera ordenada su construcción a través del artículo 145 de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, bajo la figura de un convenio interadministrativo entre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIV), esta última entidad está a cargo del “elefante blanco”.

“Solo hasta 2020 en el Gobierno de Iván Duque, ocho años después de la orden para hacer la obra, se celebró el contrato para su construcción. La inauguración del Museo fue además una de las promesas de campaña del ex mandatario que no se cumplió y hoy tenemos una obra a medias que genera detrimento patrimonial y que no contribuye al propósito de reivindicar uno de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país, la memoria”, señaló el concejal de la Alianza Verde, Rodríguez Sastoque.

¿Quién es el contratista de la obra?

Obrascon Huarte Lain S.A. (OHLA) es la empresa a cargo de la obra, contratista que está involucrado en escándalos de corrupción en México, España y Colombia. OHLA dejó la obra tirada con un avance del 78%, el plazo inicial de construcción era de 24 meses, por tanto, se proyectaba tener la obra lista para el 24 de octubre de 2022, es decir, van siete meses de retraso.

“En Colombia el panorama no es distinto. OHLA era el contratista del Aeropuerto del Café, otra obra que no despegó. El año pasado al Gobierno de Iván Duque, antes de irse, le tocó liquidar unilateralmente el contrato por los múltiples incumplimientos y retrasos de la empresa que también fue la contratista de la vía Curos – Málaga en Santander, que hoy sigue siendo un camino de herradura”, agregó el concejal.

Las irregularidades han sido una constante

El concejal de Bogotá también cuestionó que el contrato se realizó con una empresa que ya tenía señalamientos en otros países e incluso en Colombia. Gracias a la investigación del funcionario también se conoció que, el proceso de contratación de la obra no cumplió con los estándares de la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación Pública- y que no se hizo a través de ninguna de las modalidades de selección que allí se establecen para garantizar la planeación, la selección objetiva y la transparencia.

Lo anterior, se evidencia en la maniobra de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco que, apoyada en el artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, ley del Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos, decidió utilizar un atajo al ejecutar el proyecto a través de una fiducia mercantil, es decir, mediante un patrimonio autónomo administrado por una entidad privada.

“El haber hecho esta jugada en el proceso de contratación propició que se realizara un proceso de selección simplificado pasando por encima de la licitación pública que permitía la pluralidad de oferentes”, señaló Rodríguez Sastoque.

De esta manera, el contrato del Museo se rige por el derecho privado, generando como una de sus principales consecuencias que al contratista incumplido no se le pueden imponer las sanciones que contempla la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, como la terminación unilateral o la caducidad.

Mientras tanto, el contrato permanece sin liquidar, lo que ha imposibilitado que se pueda celebrar otro para terminar la obra. El contratista OHLA no se ha dignado en entregar el informe para este fin, pese a que tenía plazo hasta el pasado 14 de abril. La Procuraduría ya hizo una visita en donde evidenció problemas técnicos, empozamientos, fallas en los acabados, falta de barandas, pisos y pulimentos de fachadas y solo tres años después de su inicio advirtió un posible detrimento patrimonial.

 Pie de página Julián Rodríguez Sastoque

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