El Concejal Julián Forero pone en marcha una estrategia, donde ofrece asesorías jurídicas gratuitas, para que la Secretaría de Movilidad no siga abusando de los conductores que no tienen cómo pagar un abogado para defenderse.
La estrategia: hacer respetar los derechos de los conductores…
Se trata de una línea de WhatsApp implementada para todos aquellos ciudadanos que se enfrentan a diario contra abusos de autoridad, comparendos injustos y malos procedimientos realizados en vía.
Con esta línea el ciudadano tiene un contacto directo con un abogado especializado en derecho de tránsito, el cual se encuentra disponible en un periodo de lunes a viernes, para dar orientaciones jurídicas en temas de procesos de:
➔ Reparación directa contra el Distrito por daños y perjuicios,
➔ malas conductas de los agentes de tránsito,
➔ quejas disciplinarias y penales,
➔ irregularidades en los procesos de movilidad,
➔ indebidas notificaciones de comparendos,
➔ impugnaciones de comparendos,
➔ no devolución de dinero de grúas y patios,
➔ Entre otras
El apoyo legal que ofrece esta línea de atención es un acompañamiento paso a paso con el único fin de que no le sea vulnerado el debido proceso a los actores viales.
Cientos de conductores acuden a esta herramienta, cansados de los abusos…
Desde su lanzamiento se han asesorado a más de 600 ciudadanos en Bogotá y en otras ciudades del país, entregando más de 100 formatos de defensa para que el ciudadano lo ajuste a su caso en concreto. Estos formatos se enfocan en: quejas disciplinarias contra agentes de tránsito, denuncias penales, prescripción de comparendos, tutelas por no respuesta a derecho de petición, entre otros que los ciudadanos constantemente necesitan en sus procesos de defensa.
El panorama es peor de lo que se creía…
De los cinco meses que se han prestado estas consultorías, el equipo jurídico del concejal ha podido evidenciar, a través de las defensas realizadas en audiencias de impugnaciones, diferentes hallazgos alarmantes que ocurren con frecuencia como son: la falta de garantía por parte de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en los procesos contravencionales, así como, la negativa de solicitar la presencia del ministerio público para que le sea garantizado un debido proceso a las personas dentro de las audiencias de impugnación.
Sobre lo sucedido con el Ministerio Público, las alarmas se han encendido, pues pese a que los ciudadanos solicitan la presencia de un delegado, esta no se hace efectiva. El Ministerio Público constituye un actor clave en estos procesos, para el caso en que se interpongan recursos, aportar o solicitar pruebas, pues al final juega el papel de garante; figura que no beneficia a la Secretaría de Movilidad, pues tendrían que evidenciar un actuar imparcial, transparente y garante de los derechos de la ciudadanía dentro de las audiencias contravencionales.
El caso más alarmante se ve en la negación de las grabaciones de las cámaras corporales, a las cuales los ciudadanos solamente pueden acceder si solicitan expresamente esto y nada más les permiten observarlas durante la audiencia unos minutos. Esta conducta pasa por alto el fallo judicial emitido en la materia, el cual ordena la entrega de las grabaciones a los ciudadanos que las soliciten como prueba dentro del proceso contravencional, pero además, va en contravía de las mismas directrices de la entidad, pues a través de la Resolución 229969 de 2023 establecen el procedimiento para la entrega de estas grabaciones.
En algunos casos se ha presentado una grave actuación por parte de la Secretaría de Movilidad, pues en audiencia es un abogado sustanciador y no la autoridad de tránsito que preside esta instancia. La ausencia de la autoridad de tránsito, quien para estos casos es el juez natural y el que debe enunciar y practicar cada una de las pruebas que se harán valer dentro del proceso, ha generado una grave violación al principio de inmediación.
La anterior afirmación se puede corroborar en la respuesta emitida por Secretaría de Movilidad a las solicitudes por parte del Concejal Fuchi, donde indican que a día de hoy han contratado 161 abogados sustanciadores por un total de $10.012.997.000 al año y 39 autoridades de tránsito por concurso. Esta cifra resulta desproporcionada ya que quien emite sanción, decreta y practica pruebas es la autoridad de tránsito, no un abogado sustanciador, el cual solo tiene como función sustanciar el proceso, mas no emitir sanciones. Esto lo deja claro el Manual de Funciones y Competencias Laborales de los Empleados Públicos de Planta de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, su énfasis es: contratar más abogados para sancionar más.
La conducta cada vez empeora y el gobierno no hace nada…
La información suministrada por los mismos ciudadanos es que no son dignos de un trato amable por parte de los agentes azules, los cuales tampoco se presentan al momento de imponer comparendos. Lanzando frases como:
¡Si, no le gusto impugne en Movilidad!
¡Deme su cédula!
¡Acá la autoridad soy yo!
Los agentes azules, no están respetando los protocolos establecidos por la Secretaría de Movilidad y las obligaciones estipuladas en el Manual de Infracciones como las responsabilidades que deben implementar al momento de imponer un comparendo, como es brindar un trato amable, cortés y respetuoso, así el ciudadano haya cometido una infracción.
Una vez más se evidencia la inoperancia y la falta de transparencia en las impugnaciones de comparendos de la Secretaría de Movilidad, pues aunque cuentan con el personal suficiente, los procedimientos establecidos y la responsabilidad de actuar bien, deciden que su actitud sancionatoria está por encima de cualquier garantía, derecho y respeto por los ciudadano.
Concejal de Bogotá
