No más estigmatización ni criminalización, Bogotá necesita una política de reducción de daños y riesgos para el consumo de SPA

Esta semana, planteé en el Concejo de Bogotá, en el marco de un debate de control político al sector salud, una premisa importante sobre el abordaje que debe hacerse alrededor del consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad desde un enfoque de salud pública. Esta oportunidad puede situar a Bogotá en la vanguardia y en el debate público, especialmente con los cambios normativos y nuevos enfoques que se están discutiendo a nivel nacional e internacional.

Fui enfática en señalar que no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes en esta materia. Hoy está en juego la seguridad, la atención a consumidores y el aprovechamiento del espacio público ya que las soluciones que hasta ahora se han aplicado, han priorizando la criminalización y estigmatización, lo que ha generado fracturas en el tejido social e impedido un diálogo abierto y franco entre consumidores, comunidad e instituciones.

Bogotá, con su inmensidad y complejidad, se enfrenta a diversos desafíos, siendo uno de ellos el consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas). Esta realidad, lejos de ser una anomalía, refleja las complejidades sociales y económicas que enfrentamos como sociedad. En lugar de cerrar los ojos ante esta problemática, es hora de abrir un diálogo honesto y pragmático sobre cómo abordarla de manera efectiva. Como dice el dicho: "el dato mata el relato", por ello quiero presentar algunas consideraciones para ser tenidas en cuenta en esta coyuntura donde nos encontramos como Cabildo Distrital, discutiendo el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, 2024-2027.

En 2023, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaron el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas de Bogotá 2022. Este informe actualiza los datos sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícitas en la ciudad, destacando características principales, percepciones sociales de riesgo y accesibilidad a las sustancias. Además, ofrece detalles sobre patrones de consumo según variables como sexo, edad y nivel socioeconómico.

Los principales resultados de este estudio demuestran que, lejos de ser un tema ajeno a la realidad de las personas, hoy es una situación que compromete a gran parte de la población sin importar el rango etario o estrato socioeconómico. Según los datos más relevantes del informe, unas 400 mil personas afirmaron haber consumido cualquier droga ilícita en el último año (2022), siendo el grupo de edad con mayor prevalencia de consumo el rango de 18-24 años, seguido por el grupo de 25 a 34 años. En cuanto a los estratos socioeconómicos, el mayor consumo reciente de sustancias ilícitas se encuentra en los estratos 4 a 6, seguido del estrato 3. Respecto al uso problemático —abusivo o dependiente— de cualquier sustancia ilícita, cerca de 161 mil personas estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas.[1]

Igualmente, el estudio revela que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Bogotá, con cerca de 380 mil personas para el año del estudio. La cocaína ocupa el segundo lugar y le siguen sustancias como el bazuco, el éxtasis, sustancias inhalables y psicofármacos sin prescripción médica. Además, el estudio revela que “El consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas en mujeres ha incrementado en todas las prevalencias”.

Esta radiografía del estudio deslinda las visiones sobre las que se ha construido la política, la cual, en muchas circunstancias, ve el consumo como un tema de habitabilidad de calle o consumo problemático estrictamente, dejando de lado a quienes lo hacen de manera recreativa o no permanente. Sobre esto, quisiera referirme a propósito de la tarea que ha delegado la Corte Constitucional a través de la sentencia C-127 de 2023 y al Protocolo emitido por el Ministerio de Justicia para la aplicación de los numerales 13 y 14 del parágrafo 2 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionadas con la restricción del porte y consumo de sustancias psicoactivas (SPA).

En esta normatividad se ha facultado a las autoridades territoriales a regular en debida forma la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en virtud de la autonomía territorial que les corresponde. En esa medida, ha dicho la Corte que deben prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes e igualmente el respeto por los derechos fundamentales de los consumidores. La discusión, sin duda, no es quién tiene más o menos derechos, sino cómo hacemos para que prevalezcan los de todos a partir de acuerdos y consensos donde se respete: la razonabilidad y la proporcionalidad de la actuación policiva para sancionar el porte y el consumo propio, el respeto por la autonomía territorial y el autogobierno, la protección del carácter diverso y plural de la nación, y la observancia del debido proceso y la aplicación de los procedimientos sancionatorios.

En suma, esta tarea nos convoca a plantear un debate y a encontrar soluciones innovadoras justo ahora que la Alcaldía de Bogotá se encuentra en reestructuración de la Política Distrital de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C., al decreto que debe emitir la alcaldía sobre consumo y porte de sustancias psicoactivas en parques o en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultura, u otras establecidas por motivos de interés público, y a la discusión del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.

No podemos seguir desgastando los esfuerzos de la Policía de Bogotá en perseguir a los consumidores cuando tenemos problemáticas complejas de seguridad como la extorsión, el hurto y el microtráfico. Es momento de una política pública de Consumo Responsable y Reducción de Daños, reconociendo la interacción entre las personas y las sustancias, buscando prevenir riesgos, brindando tratamiento integral y promoviendo la inclusión social.

Finalmente, se requiere la coordinación efectiva entre los servicios de salud, pero también es clave abordar este tema más allá de la salud pública: ver el uso recreativo, económico y comunitario del uso de sustancias para reducir los riesgos. Así mismo, es urgente habilitar medidas de atención, orientación, coordinación y diálogo para la comunidad consumidora que ha venido haciendo iniciativas como ÉCHELE CABEZA en cuanto a: espacios de testeo de sustancias en eventos, mínimo vital de agua, espacios protectores para mujeres, ruta de identificación de salud mental para consumos problemáticos y diálogo social para el uso del espacio público.

El llamado que hago es a humanizar el debate y a romper los paradigmas tradicionales para lograr una mayor protección a los NNA, a los consumidores y a la seguridad de la ciudad. Esto solo será posible si convocamos al debate a todos los sectores que puedan contribuir a soluciones que eviten acciones de discriminación, exclusión social y, en general, de estigmatización y persecución de los consumidores. El momento es ahora.


[1] Estudio de Sustancias Psicoactivas Bogotá 2022. UNODC y Alcaldía Mayor de Bogotá.

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