No más violencia contra mujeres trabajadoras por cuenta propia

Agentes del orden público deben ser investigados disciplinariamente por agresión contra mujeres trabajadoras

“Las trabajadoras por cuenta propia están siendo víctimas de la violencia, cometida por la fuerza pública en los continuos desalojos de sus puestos de trabajo que caracteriza al actual gobierno de Bogotá”, así lo señaló la concejala Xinia Navarro quien ha venido recogiendo testimonios de casos puntuales de mujeres que han padecido estas agresiones.

 

En una audiencia pública sobre vendedores informales en todo el país, realizada en el Congreso de la República, convocada por el senador Jorge Enrique Robledo se escucharon múltiples testimonios, entre ellos el de una mujer vendedora de Avena y Buñuelos en el parque Santander, a quien un policía al destruirle su puesto de trabajo le derramó aceite caliente sobre sus brazos y no le brindó ayuda para trasladarla a un centro de salud; o una vendedora del parque de las flóres en Kennedy que tuvo que presenciar cómo destruían las herramientas de trabajado y los alimentos que tenía para la venta de ese día.

 

“Algunos policías consideran que el Código de Policía les da la facultad de violentar y agredir a las mujeres que se rebuscan diariamente el sostenimiento de sus familias ante el abandono de un Estado que ha  sido capaz de brindarles las condiciones para una vida digna. Necesitamos que desde la Secretaría de Gobierno se gestiones las investigaciones disciplinarias contra estos agentes del orden público, agresores de mujeres”, manifestó Xinia Navarro.

 

Reiteró la cabildante que existen más de 300 sentencias de la Corte Constitucional que ordenan que antes de retirar a una persona del espacio público hay que entregarles condiciones alternativas productivas para que su actividad económica sea remplazada no por cursos gratuitos que no le va a generar recursos sino por actividades que les representen ingresos.

 

Resaltó, en el  marco de la discusión del presupuesto distrital para 2018, que el Instituto para la Economía Social, IPES, no cuenta con recursos ni con una política de empleo para esta población. Pero sí existen operativos a sangre y fuego contra las poblaciones vulnerables de Bogotá.

 

“Esta es la oportunidad para que con el presupuesto esta Administración se reivindiquen con las clases populares, en especial con la numerosa población que por necesidad busca en esta alternativa laboral sacar adelante sus familias” señaló la concejal, quien está haciendo un llamado a remplazar la expresión vendedores informales por la de trabajadores por cuenta propia.

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