Han transcurrido dos meses del despido masivo de trabajadores de Aguas de Bogotá y hasta el momento no ha habido pronunciamiento alguno de la Administración Distrital sobre alternativas laborales para los cientos de trabajadores que quedaron desempleados.
Pese a que la concejal Xinia Navarro ha insistido en la violación a los derechos laborales individuales y colectivos, y en las consecuencias negativas que puede traerle al país en general el hecho de que en la capital de la República haya habido una evidente discriminación sindical, esta masacre laboral parece tener todavía una mirada indiferente de parte de las autoridades y de los organismos de control.
Ante dicha omisión, la concejal Xinia Navarro insistió en dar a conocer, una a una, las historias de los trabajadores que fueron despedidos pese a encontrarse en estabilidad laboral reforzada, algunos por padecer alguna enfermedad, otros por tener fuero sindical, condiciones que los hace pertenecer a una “lista negra” como ellos le llaman y les impide ser contratados en otra empresa.
“No voy a permitir que aquí se olvide el tema de los trabajadores Aguas de Bogotá. Me encargaré de denunciar caso por caso de esta masacre laboral que se cometió ante la mirada pasiva de los organismos de control y de este Concejo, que no hemos sido capaces de exigir que los reintegren” enfatizó la concejal.
Dentro de esas historias se encuentran las del señor Jimmy Ernesto García Rubiano, quien tiene una enfermedad catastrófica por problemas riñon, de la cual conocía la empresa y de la que está al tanto el Ministerio del Trabajo; adicionalmente estaba amparado con fuero sindical y pertenecía a una de las organizaciones que presentó pliego, por tanto también lo cobijaba el fuero circunstancial.
Otros casos reiterativos son los de los trabajadores que tenían reten prepensional amparados por la Corte Constitucional en la Sentencia T357 de 2016 que establece la estabilidad laboral reforzada por reten pre pensional o social para las personas a quienes les faltan 3 o menos años para adquirir su pensión. Los señores José Ramón González, de 62 años de edad, y Rafael Antonio Beltrán, de 61 años de edad, a pesar de haber reportado más de mil semanas cotizadas, fueron despedidos.
Para la cabildante es muy grave que en estos casos no se haya consultado al Ministerio de Trabajo antes de hacer los despidos de los 3.700 trabajadores de Aguas de Bogotá, especialmente los casos de estabilidad laboral reforzada exigen la autorización previa del Ministerio de Trabajado para poder hacer un despido, afirmó Navarro Prada.
“Es increíble que en una empresa del Estado pasen por alto la legalidad de las actuaciones administrativas al no pedirle al Ministerio de Trabajo autorización para despedir a funcionarios que están enfermos o tienen fuero sindical, y prefieran decirle al trabajador que si no está de acuerdo con su despido, demande”, señaló la cabildante del Polo Democrático.
Puntualizó indicando que las empresas privadas ahora encargadas de la prestación del servicio de recolección de basuras no han contratado a ninguno de los trabajadores despedidos.
Prensa, Xinia Navarro
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