- Durante debate de control político, se discutieron deficiencias en contratación, aseo, seguridad y gobernanza.
- Se propusieron enfoques alternativos basados en derechos, participación comunitaria y urbanismo social.
En el marco del Debate de Control Político de la Oposición celebrado en sesión plenaria del Concejo de Bogotá, y en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1909 de 2018, concejales de distintas bancadas expresaron profundas preocupaciones sobre el modelo de seguridad urbana, la gestión del espacio público y la operación de servicios básicos como el aseo.
La sesión respondió a proposiciones aprobadas por distintas comisiones y plenarias —entre ellas la 501 (Guardianes del Orden), 833 (Bogotá camina entre basura), 858 y 864 (seguridad y espacio público)—, y contó con la presencia de entidades distritales y organismos de control como la Contraloría, la Personería y la Veeduría.
Críticas a Guardianes del Orden
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy (MAIS) advirtió sobre la duplicidad de funciones entre los cargos creados bajo la estrategia “Guardianes del Orden” y su posible sobreposición con los frentes de seguridad.
Bastidas Señaló que esta situación requiere clarificación urgente para evitar ineficiencias institucionales. Como alternativa, propuso articular a la Guardia Indígena como fuerza comunitaria de primer respondiente con enfoque en derechos humanos.
Asimismo, el cabildante reveló hallazgos de la Contraloría sobre contratos suscritos con la ETB por más de 15 mil millones de pesos, lo cual podría constituir un presunto detrimento patrimonial.
Gestión del aseo, espacio público y derechos sociales
La concejala Heidy Sánchez (Unión Patriótica) presentó un balance crítico del sistema de aseo: “El modelo actual no cumple con cobertura, sostenibilidad ni calidad. Tenemos más de 56.000 hallazgos y 182 procesos sancionatorios abiertos”. Solicitó revisar el esquema de aprovechamiento de residuos bajo los nuevos criterios tarifarios y conforme a la Ley 142.
Desde una visión social, la concejala Rocío Dussán (Polo Democrático Alternativo - PDA) expuso las condiciones del barrio San Bernardo, marcado por desplazamientos, pobreza estructural y falta de infraestructura: “El problema no es el espacio, sino la pobreza que afecta especialmente a mujeres, niños y personas con discapacidad”. Planteó un modelo de urbanismo social con énfasis en vivienda, empleo, salud mental y educación.
Por su parte, la concejala Quena Ribadeneira (PDA) denunció que los nuevos protocolos de espacio público estarían priorizando intereses comerciales sobre derechos fundamentales: “Del rebusque al despojo, esa parece ser la consigna”, afirmó. Solicitó indagaciones por posible vulneración de principios administrativos.
La cabildante Donka Atanassova Lakimova (PDA) alertó sobre la ineficiencia de la línea de emergencias: “Las llamadas no se transfieren, el sistema no usa ni la mitad de su capacidad, y no hay articulación con entidades de inteligencia. Es un modelo reactivo que está fallando”.
Seguridad ciudadana
La concejala Ana Teresa Bernal (Colombia Humana - CH) expresó que, “Bogotá no trabaja segura: aumentaron los homicidios, la violencia intrafamiliar, los hurtos y las extorsiones”. Cuestionó la ausencia de una política pública concertada con comerciantes y trabajadores del espacio público.
El concejal José del Carmen Cuesta (CH) criticó el enfoque de control: “Promueven el miedo para vender seguridad. Vamos camino a una ciudad paramilitarizada. La pobreza no se resuelve con bolillo sino con derechos”.
Finalmente, el concejal Jairo Avellaneda (CH) denunció una discrepancia de más de 17.000 casos entre cifras reportadas por el Distrito y la Policía Nacional sobre hurtos: “Todos tenemos miedo y nos engañan con cifras mentirosas”, concluyó.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión. La grabación completa está disponible en el canal oficial de YouTube del Concejo de Bogotá: https://youtu.be/BC0oE63O2yo
