El concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos lanzó una fuerte advertencia frente al grave impacto fiscal, económico y laboral que tendrá para la ciudad el incremento del 23% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) decretado por el Gobierno Nacional para 2026, una decisión que calificó como improvisada, populista y fiscalmente irresponsable.
Pero el golpe más fuerte está en la inversión pública. Según las proyecciones, Bogotá necesitaría $1,12 billones adicionales para cubrir obligaciones derivadas del incremento del SMMLV, recursos que no están incluidos en el presupuesto aprobado para 2026, poniendo en serio riesgo el cumplimiento del Plan de Desarrollo y la ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad.
“Este Gobierno decidió hacer populismo salarial en época electoral, sin pensar quién paga la cuenta. Y hoy queda claro que una parte importante de esa cuenta la va a pagar Bogotá, sus finanzas y sus ciudadanos”, señaló el cabildante. Y agregó, “lo que no puede pasar, es que éste sea el ambiente perfecto para que la Administración de Carlos Fernando Galán presente al Concejo el tan anunciado impuesto al Alumbrado Público; los bogotanos no soportan un nuevo impuesto, así que es momento para revisar alternativas que solventen la situación y que de ninguna manera se contemple la vía reforma tributaria.
Los primeros análisis técnicos muestran que la medida golpea directamente los ingresos del Distrito. Solo por efecto del cambio en el umbral del impuesto predial, expresado en salarios mínimos, Bogotá dejaría de recaudar $27.302 millones, ampliando artificialmente el número de predios beneficiados con tarifa preferencial.
A esto se suma el riesgo de una caída en el recaudo del impuesto de Industria y Comercio (ICA), producto del aumento en los costos de producción de bienes y servicios, lo cual reduce los márgenes de las empresas y frena la actividad económica. “Mientras el Gobierno habla de justicia social, en la práctica está asfixiando al sector productivo de la ciudad”, afirmó Ramírez Vahos.
El concejal Vahos también alertó sobre las consecuencias en el empleo, señalando que Bogotá podría enfrentar un aumento de la informalidad, que hoy ya alcanza el 35,3% en la ciudad. “Este incremento castiga especialmente a las micro y pequeñas empresas, empujándolas a la informalidad o al cierre. El resultado será menos empleo formal y más precariedad”, advirtió.
En el frente del gasto, la situación no es menos alarmante. Ya se han identificado $27.881 millones adicionales en al menos 15 entidades distritales, en contratos y servicios indexados al salario mínimo tales como vigilancia, aseo, arriendos, dotaciones y transporte. Esta cifra podría crecer a medida que se evalúe el impacto total en el aparato distrital.
En total, el aumento del salario mínimo podría incrementar el déficit fiscal de Bogotá en al menos $1,2 billones, llevando el balance fiscal del Distrito a un nivel cercano al -1,5% del PIB (equivalentes a $7,5 billones), una cifra que compromete la sostenibilidad financiera de la ciudad en el corto plazo.
Finalmente, Ramírez Vahos exigió responsabilidades claras: “Bogotá no puede seguir siendo la caja menor de decisiones nacionales mal tomadas. Exigimos al Gobierno Nacional asumir el costo real de sus decretos y a la Administración Distrital evaluar las alternativas necesarias para evitar que las cuentas se ajusten vía reforma tributaria. Ni un solo impuesto más para los bogotanos”.
contacto Luz Ángela Cárdenas 3002287938
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