El concejal Celio Nieves Herrera del Polo Democrático Alternativo, manifestó su rechazo por cuanto a pesar de los múltiples incumplimientos y problemas jurídicos que ha presentado esta obra: la licitación, el consorcio ganador, el pago del anticipo, la fase de diseño, el inicio de obra, los sobrecostos, las dificultades del terreno, las proezas de la ingeniería, y luego el oportunista acto de inauguración de obras inconclusas, tramos inexistentes y puentes que nada conectan sin que pase nada a la fecha, no hay resultado alguno en las investigaciones que adelantan los organismos de control, ni se asume responsabilidad por parte del Gobierno Nacional frente a este descalabro que significa una de las mayores obras de infraestructura que requiere con urgencia nuestra nación, por lo que, de manera coloquial, señaló que Colombia y especialmente el eje cafetero, pasará otra Semana Santa sin el túnel de la línea.
Más aún cuando han pasado como Ministros de Transporte (Andrés Uriel Gallego, Germán Cardona Gutierrez Miguel Peñaloza, Cecilia Álvarez Correa, Natalia Abelló, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, y nuevamente hoy Germán Cardona Gutiérrez) y la obra no se concluye afectando el transporte y el comercio por ese sector del país. ¿Quiénes rondan a estos administradores y contratistas? Por el contrario, solo se tiene conocimiento, que el Consejo de Estado, el 27 de noviembre del 2017 mediante fallo No 59913, dejó en firme una condena por $42 mil millones que le impuso un tribunal de arbitramento al Instituto Nacional de Vías, a favor de la Unión Temporal Segundo Centenario, primer responsable de la construcción del túnel de La Línea.
Por consiguiente, queda demostrado que la falta de planeación, control y buena ejecución le han significado al presupuesto nacional un sobrecosto de más de 1 billón 500.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el costo inicial de la obra, fue de $629 mil millones, hoy supera los $2.2 billones, ¿cómo y quienes pagan estos altos costos presupuestales y de retrasos en la obra? por lo cual se puede estar incurriendo en un posible detrimento patrimonial, dado que las obras no se han terminado y además en la cifra mencionada no aparecen reflejados los costos por multas, daños al medio ambiente que se han ocasionado en el desarrollo del proyecto y las múltiples observaciones por parte del interventor, tal como lo anunció la Contraloría General de la República en una investigación que adelanta sobre el tema, para lo cual exijo celeridad y prontos resultados, aseguró el cabildante.
Así las cosas, las obras de la nación pasan sin ser objeto de decisiones claras y ejemplarizantes por parte de los entes de control, pese a los grandes descuidos tanto en la planeación, financiación y ejecución de tan importante obra, puntualizó Nieves Herrera.