El día miércoles 14 de julio, la Concejala de Bogotá, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS, Ati Quigua radicó ponencia negativa al Proyecto de Acuerdo 265 de 2021, mediante el cual la Administración Distrital se propone “efectuar unas modificaciones en materia hacendaria para el Rescate Social y Económico, y se dictan otras disposiciones”; Proyecto de Acuerdo del cual la Concejala es coordinadora ponente.
La decisión no pone en cuestión la necesidad que tiene la ciudad de implementar una estrategia de Rescate Socioeconómico, que le permita enfrentar con eficacia los retos que impone la crisis sanitaria del Covid-19. Estrategia que debería incluir, sin duda, una redistribución presupuestal entre las entidades públicas Distritales, tal como el Proyecto de Acuerdo 265 lo propone.
La radicación del sentido negativo de la ponencia se sustenta, más bien, en una falencia estructural, evidenciada por un numeroso grupo de Concejales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Cabildo Distrital, tal como se registra en el Acta 033A del 21-06-2021 de la misma Comisión. Los argumentos de la Concejala se sustentan en las falencias nominales, estructurales y sociales del documento radicado por la Administración ante la comisión de Hacienda y Crédito Público, de la cual hace parte.
“Evidenciamos que el Proyecto de Acuerdo para el Rescate Social no cumple con el propósito enunciado al favorecer presupuestalmente al transporte y la infraestructura de Transmilenio, asignándole el 62.8% del total de recursos, 1.1 billones de pesos, mientras a los sectores de la gestión social, indispensables para la recuperación socioeconómica de la ciudad, solamente les corresponde un 37.2% de esos recursos. Esta asimetría presupuestal pone de presente que en realidad estamos frente a un rescate de Transmilenio, a costa del aumento del hambre, la pobreza y la desigualdad de las habitantes de la ciudad.” Afirmó la ponente coordinadora.
De esta forma, adicional a la ausencia de un enfoque de derechos, propio de la naturaleza del objetivo que la administración le ha asignado, el Proyecto favorece un rescate de un sistema funcional sin cuestionar su modelo financiero y corporativo, evidentemente insostenible y oneroso para la ciudad.
Por otro lado, en el Proyecto de Acuerdo 265 se disponen 119 mil millones, sin embargo, la Concejala afirma que de acuerdo a la información suministrada el excedente es de 116 mil millones, lo que implicaría un desfase de 3 mil millones. Asunto frente al cual la Secretaría de Hacienda aún no responde el Derecho de Petición radicado por la oficina de la Concejala, en el que solicita aclarar la delicada inconsistencia en el cálculo de los excedentes de los dividendos generados por el Grupo de Energía de Bogotá. Al respecto Ati Quigua ha señalado: “Me parece preocupante que, en medio del salvataje a los operadores de Transmilenio, se presente al Concejo de Bogotá un documento con un posible error contable”.
En ese marco, la sugerencia de fondo de la ponencia negativa radicada por la Concejala es retirar el Proyecto de Acuerdo 265, y elaborar dos Proyectos con los siguientes criterios:
En primer lugar, un Proyecto de Acuerdo específico para los sectores de la gestión social en el Distrito Capital, en los cuales debería recaer la responsabilidad de un auténtico Rescate Social en medio de la crisis sanitaria; sectores en los que se incluya la salud y los mínimos vitales a servicios públicos, extrañamente ausentes del PA/265/21. “Si bien la movilidad es un aspecto importante de las urbes, no puede ser el corazón del rescate social”, afirmó la Concejala del partido MAIS.
Proyecto de Acuerdo específico del Rescate Social, que además pueda incluir el aumento a la tarifa ICA sobre el Sector Financiero, ampliada a sectores que como el inmobiliario y de las aseguradoras han demostrado un crecimiento importante en la coyuntura de la pandemia. Acciones tributarias que deberán estar acompañadas por la creación de mecanismos para reforzar la reducción de la evasión.
Y en segundo lugar, un Proyecto de Acuerdo delimitado al sector del transporte y las infraestructuras, donde se puntualice su papel en la coyuntura de la crisis; además de permitir definir una mejor estrategia para garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, dado que, considera la Concejala “el modelo corporativo y financiero del sistema se ha convertido en una auténtica vena rota para las finanzas del Distrito”. Aspecto que el actual Proyecto de Acuerdo 265 no tiene la voluntad de abordar.
Resuelto este aspecto, para la Concejala se pondrían en contexto el conjunto de observaciones realizados por los Concejales de la Comisión, orientándose así el debate a la definición de decisiones fructíferas y de fondo; tal como lo demanda la coyuntura COVID, en la que está en juego una auténtica crisis civilizatoria.
Finalmente, la vocera del Partido MAIS ha hecho hincapié — tanto en este como en otros debates—, de la necesidad de retornar al enfoque de una Ciudad de Derechos y Garantías. “Sin la resolución y la valentía que se requieren hoy para reconocer y abordar las raíces de sus problemáticas y contradicciones sociales, la ciudad estaría perdiendo la posibilidad de convertir la amenaza de la pandemia en una oportunidad; quizá irrepetible en las próximas décadas”; puntualizo al respecto Ati Quigua, haciendo así un llamado a las fuerzas vivas bogotanas a definir colectivamente las bases de un verdadero Rescate Social, que garantice una ciudad saludable, sostenible y en paz para las futuras generaciones.
