La concejal de Bogotá Diana Diago denunció presuntas irregularidades en la Alcaldía Local de Usme, luego de constatar que el proponente, que finalmente termino siendo el contratista seleccionado, presentó certificaciones presuntamente falsas para quedarse con el contrato, que tiene un valor de $4.450 millones de pesos.
El contrato, CPS-774-2025, fue adjudicado al Consorcio Fortalecimiento Empresarial, el cual tiene por objeto: Implementar estrategias para fortalecer capacidades empresariales en la localidad de Usme, con una duración de nueve meses.
El proceso de selección adelantado por la Alcaldía Local de Usme establecía como requisito habilitante técnico, que los oferentes contaran con el registro PULEP, es decir, el registro que se obtiene a través del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, el cual debía estar vigente al momento de la presentación de la propuesta. Este requisito no era accesorio, ni subsanable: su incumplimiento implicaba el rechazo de plano del proponente, tal como lo señalan el pliego de condiciones.
En medio del proceso licitatorio, uno de los interesados presentó observación al informe final de evaluación, señalando que: El Consorcio Fortalecimiento Empresarial, habría presentado el registro PULEP presuntamente alterado, con el fin de quedarse con el contrato.
Pese a la alerta que hace uno de los interesados, la Alcaldía Local de Usme no verificó la autenticidad del documento, que se podía hacer simplemente escaneando un código QR, y así decidió seguir adelante con la adjudicación del contrato.
La concejal Diana Diago radicó Derecho de Petición ante el Ministerio de las Culturas, entidad responsable del PULEP, para verificar si las certificaciones presentadas por el consorcio eran auténticas. El Ministerio, en su respuesta, fue contundente: El certificado adjunto no fue emitido por el portal único, ley de espectáculos públicos PULEP, de acuerdo con lo anterior no se podía adjudicar a Consorcio Fortalecimiento Empresarial, toda vez que, el pliego de condiciones especificó que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1493 del 2011 el proponente debía allegar junto con su propuesta el registro o licencia correspondiente para eventos públicos
Para la concejal Diana Diago, este caso evidencia una cadena de omisiones inaceptables por parte de la Alcaldía Local de Usme, que no solo ignoró la alerta por la presentación de presuntos documentos falsos, sino que no verificó lo denunciado por un proponente, para posteriormente adjudicar así un millonario contrato.
Como lo ha señalado la concejal, las alcaldías locales son una rueda suelta en Bogotá, no es la primera denuncia por presuntas irregularidades. ¿Quién las controla, quien les hace el seguimiento a las denuncias que desde el Concejo de Bogotá se hacen en la secretaria de Gobierno? El alcalde prometió que, en su administración el manejo de los recursos se haría de forma transparente, de cara a los ciudadanos, pero tristemente eso no está sucediendo, los recursos de la micro gerencia de Bogotá en manos de unos pocos.
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