Desde su curul como concejal étnico, el Taita Oscar Bastidas Jacanamijoy ha encendido las alarmas sobre las fallas estructurales en la implementación de los programas sociales del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Más allá de cifras, su llamado es a la conciencia institucional y al respeto por el control político como pilar de la democracia.
A través de entrevistas e investigaciones, se evidenció un preocupante desconocimiento ciudadano sobre los programas sociales del Distrito. Esta desconexión revela fallas graves en la divulgación y una falta de voluntad institucional para garantizar el acceso efectivo a derechos y servicios fundamentales.
El panorama se complica con la actitud de algunas secretarías frente al ejercicio de control político. Entidades como las secretarías de Cultura, Mujer, Hábitat, Ambiente e Integración Social entregaron sus informes un día antes del debate, mientras que Desarrollo Económico no respondió. Esta falta de diligencia no solo obstaculiza el control político, sino que plantea interrogantes sobre el trato que recibe la ciudadanía frente a la burocracia distrital.
En localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Sumapaz donde se concentran grandes necesidades sociales los programas son insuficientes. A pesar de los recursos asignados, los impactos tangibles son limitados y la ejecución presenta rezagos preocupantes.
El concejal destacó deficiencias en programas claves. Por ejemplo, aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) mantiene buena cobertura, el de Movilidad Escolar (PME) enfrenta graves retos en zonas rurales, y el de Bienestar Estudiantil (PBE) tiene fallas en acompañamiento psicosocial. La Secretaría de Cultura, por su parte, reporta 30 programas, pero solo 13 con enfoque poblacional claro y sin evidencia de resultados diferenciados.
Una situación alarmante es la asignación presupuestal: mientras la Consejería de Paz contará con más de 917 mil millones en 2025, la estrategia para la comunidad Emberá recibe solo 490 millones, sin indicadores claros ni garantías de sostenibilidad.
La Secretaría de la Mujer ofrece programas importantes, pero con coberturas limitadas frente al tamaño de la población objetivo. Además, sigue siendo difícil verificar si se aplican realmente enfoques diferenciales. Lo mismo ocurre con Integración Social, que además de entregar información tardía y poco accesible, muestra bajos niveles de ejecución en programas clave como el Ingreso Mínimo Garantizado.
El enfoque diferencial, recuerda Bastidas, no es una concesión, sino una obligación ética y política. Hoy, muchas personas con discapacidad y pueblos étnicos siguen enfrentando barreras estructurales que los excluyen de los programas sociales.
A pesar de algunos avances, como los esfuerzos de la Secretaría de la Mujer en la recolección de datos, el concejal insistió en que no basta con informes parciales y entregas tardías. Se requiere voluntad, articulación institucional y compromiso real.
También se advirtió sobre la debilidad de los mecanismos de participación. Consejos Consultivos y mesas poblacionales no están cumpliendo su función, y líderes sociales denuncian la falta de espacios eficaces de incidencia. Sin canales claros para el control social, la democracia se debilita.
El concejal concluyó su intervención exigiendo coherencia entre el discurso institucional y la realidad de los territorios. “Una ciudad segura no es solo aquella que reduce delitos, sino la que garantiza dignidad, justicia y derechos para todos”, afirmó.
Desde esta curul reafirmamos que el control político es una garantía democrática, y que los programas sociales deben dejar de ser trámites invisibles para convertirse en herramientas reales de transformación.
Oficina de comunicaciones H.C Óscar Bastidas Jacanamijoy
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