El concejal de Bogotá Julián Forero, rechazó de manera categórica el Proyecto de Ley 347 de 2026, radicado por el Ministerio de Transporte, al advertir que no se trata de una propuesta de regulación, sino de un ataque frontal contra los conductores, los usuarios y el derecho al trabajo en Colombia.
Durante su ejercicio como concejal y en escenarios nacionales, Forero ha sido uno de los principales defensores del derecho al trabajo de los conductores, ha denunciado abusos institucionales y ha insistido en la necesidad de una regulación justa, moderna y legal, participando activamente en discusiones con el Congreso y distintas instancias del Estado.
Este proyecto, impulsado directamente desde el Ministerio de Transporte, entierra cualquier intención de regulación y la reemplaza por sanción, prohibición y persecución.
El concejal alertó que la iniciativa del Ministerio entrega a la Superintendencia de Transporte y a la Policía facultades desproporcionadas para vigilar y sancionar a todo el ecosistema de movilidad digital:
1. Conductores, quitándoles su sustento.
2. Usuarios, con multas de hasta $4,7 millones de pesos por un solo viaje.
3. Plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify, Yango, entre otras.
4. Aeropuertos, terminales, centros comerciales, edificios, conjuntos residenciales y unidades de propiedad horizontal que permitan la operación de estos servicios.
Según el texto radicado por el Ministerio de Transporte, los administradores que “promuevan o permitan la prestación de transporte informal” podrían enfrentar sanciones de hasta $726 millones de pesos.
5. Congresistas, alcaldes y funcionarios públicos, a quienes el proyecto pretende prohibirles expresar opiniones o defender estas plataformas, configurando una grave censura al debate público.
“Estamos ante una ley impulsada desde el propio Gobierno que no solo persigue a quienes trabajan, sino que busca callar a quienes hacemos control político y defendemos el derecho al trabajo. Esto es gravísimo para la democracia”, señaló Forero.
DE LA REGULACIÓN A LA PROHIBICIÓN: UNA JUGADA POLÍTICA SUCIA
Durante años se habló de regular las plataformas. Hoy, un mes antes de elecciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, cambia el discurso y opta por la sanción, la prohibición y la persecución, curiosamente días después de reunirse con el gremio de taxistas y fijar nuevas tarifas para ellos.
No es coincidencia. Es una decisión política sucia.
MÁS DE 1.2 MILLONES DE FAMILIAS EN RIESGO
El proyecto del Ministerio de Transporte pone en riesgo directo el sustento de más de 1.2 millones de conductores que hoy dependen de las plataformas para vivir y sostener a sus familias.
Mientras América Latina avanza en regulación, solo Venezuela, Nicaragua y Colombia siguen optando por la prohibición y el castigo.
MÁS PLATA PARA LAS MAFIAS DE GRÚAS Y PATIOS
El proyecto endurece de forma brutal las sanciones: Primera vez: 60 días de inmovilización. Segunda vez: 90 días. Tercera vez: 120 días. “Antes eran 5 días. Esto no mejora la movilidad. Esto alimenta el negocio corrupto de las grúas y los patios, castigando al ciudadano”, denunció el concejal.
PERSECUCIÓN DESDE LAS AUTORIDADES: MÁS PODER PARA EL ABUSO
El concejal Julián Forero advirtió que este proyecto del Ministerio de Transporte agrava una situación que Bogotá ya viene padeciendo. Pues durante los últimos dos años, la administración de Carlos Fernando Galán ha permitido el abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito y de la Secretaría de Movilidad, con controles arbitrarios, violación de protocolos y confrontaciones constantes con los conductores.
“En Bogotá ya hay abuso de autoridad. Este proyecto no lo frena: lo legaliza y lo amplía, dándoles más poder a las mismas autoridades que hoy vulneran derechos”, señaló Forero.
Además, al calificar en su artículo 68 a las plataformas como una potencial alteración del orden público, la ley empeora la estigmatización, incrementa la confrontación en las calles y criminaliza el trabajo, en lugar de ordenar la movilidad.
¿CUÁL ES EL MIEDO A LA REGULACIÓN?
La pregunta es clara:
¿Por qué el Ministerio de Transporte y el Gobierno le tienen miedo a regular y prefieren prohibir?
“Porque esta no es una ley técnica. Es una jugada sucia, con claros intereses políticos y electorales, que busca mover favores, recursos y silencios”, manifestó Forero.
¿QUÉ VAMOS A HACER?
El concejal fue enfático: “no nos vamos a quedar callados”. Desde el Concejo de Bogotá y junto a organizaciones de conductores, Julián Forero anunció una ruta clara de acción:
ACCIONES LEGALES
Preparación de tutelas y acciones de inconstitucionalidad por la violación del derecho al trabajo y el derecho a la libertad de expresión.
ACCIÓN INSTITUCIONAL
Solicitud formal al Congreso de la República para realizar audiencias públicas de socialización y debate, con conductores, asociaciones y usuarios.
MOVILIZACIÓN SOCIAL
Convocatoria a movilización social organizada y pacífica, porque defender el trabajo y la dignidad no es un delito.
“Seguiré defendiendo el derecho a trabajar, a opinar y a movernos con dignidad.
Este proyecto del Ministerio de Transporte no regula: persigue. Y no nos van a callar.”
Concejal de Bogotá
