El paquete de alivios tributarios, incentivos para la formalización y gestión de recursos constituyen un componente de estímulos para el fortalecimiento económico de la Bogotá.
El 2020 ha traído consigo grandes desafíos para Bogotá y por supuesto para el Gobierno Distrital que debe ser el garante de implementar políticas públicas eficientes con el fin de mejorar la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, para esto, como todos los gobiernos de turno, debe gestionar recursos que permitan financiar dichas políticas. Esta tarea no ha sido fácil, si se tienen en cuenta la escasez de recursos, las innumerables problemáticas sin resolver y el alto grado de incertidumbre generado por la pandemia COVID-19.
De acuerdo con estas condiciones el Gobierno Distrital ha desarrollado un paquete de medidas que contribuyen a mitigar los efectos de dicha crisis, una de estas corresponde al Proyecto de Acuerdo presentado al Concejo de Bogotá sobre Reactivación Económica, que consiste en un paquete de alivios tributarios, incentivos para la formalización y gestión de recursos como estrategia de reactivación y de sostenibilidad fiscal.
En la discusión de dicha iniciativa, el concejal Celio Nieves Herrera del Polo Democrático Alternativo, expresó que la propuesta constituye un componente estímulos para el fortalecimiento económico de Bogotá que debe ayudar a las pequeñas y medianas empresas quebradas por efecto del COVID-19. Sumado a esto debe contribuir a estimular el empleo y mejorar los ingresos principalmente de los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad. Esto teniendo en cuenta que entre 2016 y 2018 se evidenciaba un crecimiento acelerado de los indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo que con la crisis fueron han sido agudizados.
Además, el cabildante hizo énfasis en que dentro de la estrategia de reactivación no debe quedar por fuera el Gobierno Nacional para lo cual la Administración Distrital debe ser más exigente solicitando se incrementen las transferencias de la Nación, esto teniendo en cuenta que Bogotá aporta el 25.6% del PIB a la economía colombiana y las transferencias que recibe para salud, educación, saneamiento básico y agua potable, no son proporcionales a dicho aporte. Cabe recordar que, Colombia ha destinado aproximadamente apenas el 3% del PIB para atender la pandemia, mientras que países de la Región como Perú, Brasil y Paraguay han destinado 9%, 8% y 6% respectivamente.
En primer lugar, en cuanto a los alivios tributarios, se pone límite al incremento en el pago del Impuesto Predial Unificado para el año 2021 en términos reales, es decir, crecerán máximo el valor de la inflación que para el final de 2020 según las proyecciones será de 1.67%. Otra medida que aliviará los bolsillos de los ciudadanos es el Pago Alternativo por Cuotas, tanto para predios residenciales como no residenciales. Sumado a esto, para los estratos 1,2y 3 que presentaron mutaciones físicas y que tuvieron perdida en los topes que les concedían tarifas acordes con su capacidad de pago en los años 2018 y 2019, se dará un descuento tributario a partir de 2021.
Dentro de este paquete de alivios al Impuesto Predial Unificado, se otorgará una exención para el año 2021 entre 30% y 80% para los colegios y jardines privados según la ubicación del establecimiento.
Por otro lado, se otorgará una exención en el Impuesto Predial Unificado del 100% por los años gravables 2021 y 2022 y del 70% para los siguientes años hasta 2030, a los teatros y museos donde de manera exclusiva, habitual y continua se realicen y produzcan espectáculos públicos de las artes escénicas y museos.
La propuesta no solo se encuentra orientada a tener gastos fiscales, sino que también pretende gestionar ingresos que permitan en alguna medida, aliviar la presión fiscal por la caída de ingresos que tendrá la ciudad efecto de la crisis generada por la COVID-19. En primera instancia, con la denominada contribución solidaria, para el caso de los predios residenciales con avalúos catastrales que superen 1.092 millones de pesos se daría un incremento de la tarifa entre 0.2 y 1 puntos porcentuales, los demás predios continuarán con la misma tarifa. Con lo que, según las proyecciones realizadas por la Secretaría de Hacienda, se recaudarían 282.174 millones de pesos en los próximos 8 años a partir de 2022.
En cuanto al Impuesto de Industria y Comercio, las empresas tendrán descuentos entre 5% y 25% o incrementos tributarios entre 5% y 15% dependiendo de los resultados de los ingresos netos del año gravable 2020 con respecto a los ingresos del año 2019. Según información de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los pagos de los bimestres 1 y 2 de 2020 algunas actividades obtuvieron resultados positivos a pesar de que marzo y abril fueron los meses más críticos de la crisis producto del confinamiento. En cuanto al crecimiento de los ingresos netos gravables de 2020 con respecto a 2019, las corporaciones financieras tuvieron un incremento de 102%, telecomunicaciones alámbricas 28%, fabricación de otros productos químicos 20%, call center 16.4%.
De acuerdo a lo anterior, las actividades que tendrán un incremento progresivo en la contribución fiscal a partir de 2021 hasta 2024 serán: Fabricación de productos farmacéuticos con una tarifa de 12.14 por mil, consultoría profesional de servicios prestados por constructores y urbanizadores tarifa 8.66 por mil, consultoría cualquier profesión 7.66 por mil, servicios de construcción de obras de ingeniería civil tarifa 7.66, actividades de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas 10.62 y actividades financieras 13.1por mil.
Adicional a lo anterior, se incrementará la tarifa para los servicios de domicilio a través de plataformas a partir del año gravable 2022, pasando de 9.66 (tarifa actual) a 11.4 por mil, la aplicación de dicha tarifa será progresiva iniciando en 2022 con 10.14 por mil hasta alcanzar la tarifa máxima de 11.4 en 2024. Se exceptúan los servicios de domicilios propios de los comercios o restaurantes que estén integrados a su actividad principal.
La propuesta de Incentivos para la Formalización Empresarial está orientada a la denominada Informalidad de Acumulación Media que clasifica aquellos negocios, tiendas, peluquerías entre otros. Quienes hagan el tránsito a la formalidad en el primer año en que se matriculen no pagarán matricula mercantil y para los siguientes años tendrán descuentos en el registro o renovación de la misma. La Secretaría Distrital de Desarrollo económico diseñará y promoverá programas de microcrédito orientados a personas naturales y/o jurídicas que se encuentren dentro de dicho tipo de informalidad.
Con respecto al impuesto a vehículos automores eléctricos e híbridos se otorgan incentivos tributarios para vehículos eléctricos nuevos de 60%, taxis nuevos eléctricos 70%, híbridos nuevos eléctricos 40% y taxis eléctricos ya matriculados de 70%, durante 5 años.
Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta, se otorgará un descuento tributario en el Impuesto de Industria y Comercio por cinco años para aquellos contribuyentes que realicen inversiones entre 2021 y 2024 para la habilitación y mantenimiento de ciclo parqueaderos y cuya actividad económica de dichos contribuyentes no sean plazas de estacionamiento para automóviles, garajes, parqueaderos y estacionamientos para bicicletas.
Al dar cumplimiento a todo lo aprobado por el Concejo de Bogotá, en el año 2021, la ciudad tendría un costo fiscal de 300.000 millones de pesos aproximadamente, explicado por los alivios tributarios a otorgar, sin olvidar que aún existen un alto grado de incertidumbre este monto de recursos podría incrementarse. Las proyecciones realizadas, parten de un crecimiento a partir del año 2022 en el cual se iniciaría el recaudo progresivo para obtener ingresos netos por un monto total de 1.2 billones de pesos entre 2021 y 2030.
Por último, Nieves Herrera, afirma que para aliviar la economía de las familias bogotanas no debe quedar excluida del debate la financiación con recursos nacionales para: renta básica para más de un millón de personas en condición de pobreza, subsidio a la nómina para pequeñas y medianas empresas, por lo menos durante los próximos dos años y matricula cero para estudiantes de educación superior, contribuyendo a que el Distrito disponga de mayores recursos para atender la política social como la tarifa diferencial estudiantil en el transporte público, lo que permitiría que con el 16% de los ingresos que cada familia destina al pago de transporte se puedan atender otras necesidades básicas.
