La Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá llevó a cabo un debate de control político para abordar la situación actual del sistema penitenciario, carcelario y de los centros de detención transitoria en la ciudad. Durante el debate, se destacó la problemática de hacinamiento y la vulneración de derechos humanos en estos establecimientos. El debate fue citado por la bancada del Centro Democrático.
El concejal Julián Uscátegui del partido Centro Democrático, enfatizó en la importancia de enfocarse en los centros de detención transitoria, cuya sobreocupación alcanza un alarmante 167%. Uscátegui resaltó que esta situación no solo afecta a las personas privadas de la libertad (PPL), sino también a los policías asignados a su custodia, quienes están desviados de sus funciones de vigilancia en la ciudad, reduciendo así la presencia policial en los barrios y aumentando la inseguridad.
Entre las propuestas presentadas por el concejal se encuentra el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional 122 de 2022, que ordena mejorar la infraestructura carcelaria y realizar gestiones con el gobierno nacional para trasladar a los PPL condenados a cárceles nacionales.
La concejala Diana Diago expuso cifras alarmantes de hacinamiento en las estaciones de policía y centros de detención, que superan el 167%. Diago señaló la falta de condiciones dignas para los detenidos, como la insuficiencia de camas, deficiencias en servicios de higiene y agua potable, y la vulneración de derechos básicos. Además, resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura y equipamiento de vigilancia en la ciudad.
El concejal Humberto Amín subrayó la responsabilidad compartida entre el distrito y la Fiscalía General de la Nación en el manejo de las Unidades de Reacción Inmediata (URI). Amín pidió clarificar los convenios existentes y destacó la urgencia de descongestionar estos centros para mejorar la seguridad y la administración de justicia en Bogotá.
Por su parte, el concejal Daniel Briceño cuestionó la gestión de recursos y la infraestructura existente, mencionando el caso del centro de atención de CampoVerde, cuya inversión de 74 mil millones de pesos no se está utilizando adecuadamente. Briceño hizo un llamado a la Contraloría y a la Secretaría de Seguridad para que se aprovechen estos recursos y se mejore la capacidad de atención.
Finalmente, los concejales Sandra Forero y Andrés Barrios hicieron un llamado a la administración distrital para que se tomen medidas urgentes y efectivas para resolver los problemas de hacinamiento y mejorar las condiciones de los centros de detención. Forero destacó la necesidad de planes de atención para las comunidades afectadas por estos establecimientos, mientras que Barrios insistió en la importancia de utilizar adecuadamente los recursos invertidos y fortalecer la infraestructura de justicia en la ciudad.
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