Nada más inexacto para decir lo menos, veamos: Lo primero que con honradez y atendiendo al Art. 20 de la Constitución hay que informarle a los estudiantes y sus familias que no están en la incertidumbre, pues los colegios donde estudian ahora en concesión, apenas termine este contrato seguirán atendidos por la Secretaría de Educación en las mejores condiciones, pues serán de jornada única, con el mejor grupo de docentes de tiempo completo para todas las áreas, con las mejores ayudas académicas y tecnológicas y con la mejor asistencia social para el bienestar estudiantil y docente.
Segundo, en cuanto a costos, resultan por demás curiosas las cifras que se presentan, valdría la pena que encomendáramos a una comisión de la verdad para esclarecer el punto, pues hay que comparar los costos en cada situación, ya que a unos se les puede adicionar costos de transporte, producto de una mala política de Secretaría de Educación de traer niños de los extramuros al centro, pero en resumen atengámonos a una imparcial comisión de la verdad que pondere costos con las mismas atenciones en el mismo lugar.
Tercero, modelo educativo y resultados académicos. Este debate es el más crucial en la educación colombiana. Los últimos estudios de reconocido rigor nacional e internacional dicen de lo precario del sistema y modelo educativo de nuestro país. Sólo a juzgar por algunos resultados de evaluación de pruebas externas, que es sólo un referente, estamos de la media hacia abajo. Hace muchos años que no reflexionamos sobre modelo educativo, entendido como: formador de estructuras de pensamiento; pensamiento inteligente y crítico; autonomía, liderazgo, integración y cohesión social; desarrollo cultural y ético, éstos sí ejes fundamentales de un modelo educativo. Hoy en nuestro país y en Bogotá pareciera que de manera simplista hemos reducido el modelo a unos resultados de pruebas de estado para las cuales algunos colegios perniciosamente se entrenan para capturar clientela escolar. Aún en este tema los resultados de los actuales colegios en concesión son muy regulares, no cumplen los términos de una cláusula del contrato de estar mínimo en alto, esta claridad también se la podemos dejar a una comisión de la verdad. Además hay que decir que sin mayores soportes legales en algunos de estos colegios se abrieron dos jornadas, en detrimento de la calidad a la cual contribuye la jornada única.
Lo real y cierto es que se terminan unos contratos de concesión de educación que no debieron ocurrir y que unas entidades y/o personas, no por filantropía sino por un claro interés de renta defienden y, otros ayudan a defender por su concepción privatizadora del servicio educativo. Igualmente, es menester saber que legalmente no se pueden continuar estas concesiones porque el Acuerdo Distrital que destinó estas vigencias futuras ya termina y ahora no es legalmente permitido a los Concejos ordenar vigencias futuras y, de otra parte la Ley de competencias y recursos, posterior del Acuerdo 20/99 en mención, dijo de manera taxativa que sólo se podrá contratar el servicio educativo allí donde exista demanda y el Estado no tenga infraestructuras propias para ofrecerlo, o sea que si los colegios son del Distrito es obligatorio operarlos directamente y no a través de particulares.
Finalmente, resulta paradójico que el editorialista invoque que el Alcalde Petro sí sería bueno si prorroga estas concesiones y malo sí fortalece el servicio educativo público oficial con colegios de jornada única y de excelencia como serán los mencionados colegios a partir de enero de 2015.
Sólo me resta llamar al actual Secretario de Educación a asumir sin vacilar este proceso, no sea que, por dilación termine ilegalmente en alguna prórroga que viene siendo presionada por distintos actores.
Atentamente,
Álvaro Argote Muñoz
Concejal de Bogotá
