Ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, que estableció el salario mínimo para el año 2026, expreso mi profundo rechazo a esta medida.
El Gobierno del Cambio fijó un aumento histórico del 23.7% sobre el salario mínimo legal vigente, es decir, 2 millones de pesos que beneficiarían a miles de familias. La medida cautelar de suspensión demuestra que el Consejo de Estado está totalmente desconectado de la situación de la clase trabajadora.
Que el Consejo de Estado le exija el gobierno expedir un nuevo decreto para fijar el salario mínimo y que le ponga límites a esa fijación nos deja ver que lo que quieren es impedir un salario digno y vital para los colombianos, quieren imponer reglas desconociendo la facultad constitucional que tiene el Estado para fijar el salario, quieren, en pocas palabras, determinar cuánto debe subir el salario.
Estas decisiones generan incertidumbre, ponen en riesgo la seguridad económica de millones de asalariados, sus familias y el conjunto de la economía nacional. Se ha demostrado que Colombia ha mejorado su economía, que la inflación ha bajado, que más colombianos tienen empleo, que las condiciones son favorables, es el momento de que las condiciones mejoren para todos, no solo para aquellos que ganan 5, 10 o 20 salarios.
Convocamos a la sociedad civil, sindicatos, organizaciones laborales y ciudadanos en general a respaldar las decisiones que promuevan justicia social, estabilidad económica y respeto al trabajo digno en Colombia.
