La condena reciente a la nación por los daños irreparables sufridos por Cristian Rodríguez, un joven manifestante que perdió la vista mientras protestaba contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque, resalta la necesidad urgente de abordar las lesiones oculares infligidas durante las protestas en Colombia. El fallo, aunque breve, mencionó la "violación a derechos humanos" en relación con este caso específico. Aunque algunos jueces pueden no poseer posgrados en derechos humanos, es imperativo que utilicemos esta expresión en los medios de comunicación y la política para generar conciencia y presionar por la justicia.
Los testimonios y las pruebas presentadas en el proceso contencioso administrativo son un testimonio del buen comportamiento de Cristian Rodríguez antes de la trágica lesión. Estaba ejerciendo su derecho fundamental a la protesta de manera pacífica cuando fue impactado por una bomba aturdidora, un arma comúnmente utilizada por miembros de la fuerza pública. La coincidencia entre la información proporcionada por el médico tratante, los informes de prensa y los videos que documentan el incidente respaldan la versión de que fue una acción injustificada y desproporcionada.
El Consejo de Estado ha respaldado la teoría del "daño especial" como un título de imputación jurídica que busca restablecer el equilibrio cuando el Estado ha causado un daño injusto. Esta teoría se basa en principios fundamentales de equidad y solidaridad. En este contexto, la reparación de las víctimas de lesiones oculares se convierte en un deber ético y legal.
A pesar de la condena y la evidencia abrumadora, es crucial destacar que la lucha por la justicia no debe detenerse aquí. Más allá de este caso individual, debemos abogar por una reivindicación política y judicial más amplia para todas las víctimas de lesiones oculares durante las protestas. Esto implica no solo garantizar la atención médica adecuada y la indemnización, sino también llevar a cabo investigaciones exhaustivas y transparentes para responsabilizar a aquellos que infligen daños injustos.
La sociedad colombiana, en su conjunto, tiene la responsabilidad de exigir que se respeten los derechos humanos fundamentales de todos sus ciudadanos. La solidaridad y la equidad deben ser los pilares de nuestra respuesta a las víctimas de lesiones oculares y a cualquier forma de violencia injustificada. A través de la concienciación pública y el llamado a la acción, podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos
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