- Más del 70% de los procesos superan cinco años de duración; proponen plan de choque para acelerar los trámites.
- Entre 2015 y 2025, solo se han legalizado 163 asentamientos; se advierte sobre rigidez normativa y falta de metas claras.
Durante la sesión de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, que se cumplió en el día de hoy, continuó el debate de control político sobre la legalización de barrios y la titulación de predios en la ciudad. El debate fue citado por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra, de la bancada del Partido Político MIRA.
Diagnóstico y propuestas
El concejal Puentes destacó que la legalización de barrios constituye una herramienta clave para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la salud, la educación y la movilidad. Señaló que este proceso beneficia tanto a las comunidades como al Distrito, al facilitar el acceso a servicios públicos, otorgar seguridad jurídica, permitir inversiones estatales, ampliar la base catastral y mejorar la calidad de vida.
No obstante, expresó su preocupación por la duración de los trámites, afirmando que en 2023 el 70% de los procesos tomó más de cuatro años, mientras que en 2024 más del 70% superó los cinco años. En ese sentido, propuso medidas como un plan de choque interinstitucional, un sistema público de trazabilidad de expedientes y mejoras al comité técnico de legalización.
Por su parte, el concejal Bedoya subrayó las múltiples falencias que enfrentan las familias que habitan en barrios no legalizados, entre ellas, la precariedad en el acceso a servicios públicos, vivienda digna e integración urbana. Indicó que en Bogotá existen actualmente 130 barrios en proceso de legalización, de los cuales 70 están en la Secretaría de Hábitat y 60 en la Secretaría de Planeación. Hizo un llamado urgente a avanzar en estos procesos como una vía para garantizar equidad urbana, inversión pública y reconocimiento institucional.
Panorama institucional
Durante la intervención de la administración, Úrsula Ablanque, secretaria de Planeación, informó que Bogotá cuenta con aproximadamente 8.569 asentamientos de origen informal. De estos, 7.557 hectáreas ya han sido legalizadas, representando el 20,37% del suelo urbano. Explicó adicionalmente que actualmente hay 218 hectáreas en estudio para legalización y 197 hectáreas en suelo de expansión que requieren planes parciales. Finalmente, manifestó que entre 2015 y 2025 se han legalizado 163 asentamientos, beneficiando a más de 50.000 personas.
Por su parte, Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat, explicó que desde su entidad se viene caracterizando el acceso a servicios públicos en estos asentamientos. Indicó que se han identificado tres escenarios: hogares legalizados con derecho pleno a la prestación; hogares en proceso de legalización que requieren alternativas transitorias; y asentamientos localizados en zonas no viables, donde no se debería permitir la continuidad del servicio.
Juan Manuel Barrera, Director Técnico de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de Vivienda Popular, habló del programa “Título en Mano”, que en el marco del plan “Bogotá Camina Segura” tiene como meta entregar 3.150 títulos durante el cuatrienio. Entre las principales dificultades del programa, mencionó la falta de corresponsabilidad de algunas comunidades, problemas cartográficos, incumplimientos de requisitos y falta de marcación en predios.
Llamados de los concejales
En la fase de intervenciones, la concejal Heidy Sánchez (Unión Patriótica) recordó que la urbanización no es una concesión estatal, sino una respuesta a una deuda histórica con las comunidades más vulnerables. En la misma línea, la concejal María Clara Name (Alianza Verde) propuso la creación de una mesa intersectorial con enfoque preventivo y normativo para facilitar procesos de legalización y planificación del crecimiento urbano.
Varios concejales expresaron su preocupación por la lentitud de los procesos y la falta de metas claras. El cabildante Emel Rojas (Nueva Fuerza Democrática) solicitó mayor celeridad en los trámites. Sandra Forero alertó sobre la rigidez de algunas posturas ambientales como obstáculo para avanzar en la formalización urbana.
La concejal Quena Ribadeneira (Polo Democrático) señaló que en lo corrido del año solo se ha alcanzado un 11% de la meta de titulación del cuatrienio.
El cabildante José del Carmen Cuesta (Colombia Humana) planteó la necesidad de mayor esfuerzo fiscal para atender la situación habitacional de los sectores más pobres. Finalmente, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) presentó propuestas como la legalización del barrio La Toma, en Suba, la publicación de un cronograma público de legalización de predios y aumentar el personal y presupuesto para afrontar esta problemática.
Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, la cual puede observarse en nuestro canal de YouTube a través del siguiente enlace: https://acortar.link/N7rY2n
