La Concejal Rocío Dussán denuncia riesgo de detrimento patrimonial: “Algunos proyectos, como el caso del Colegio Miguel Antonio Caro, están en riesgo de perder los recursos invertidos”.
Esta institución, explicó, ya había sido beneficiada entre 2013 y 2015 con una inversión de estudios y diseños, pero en 2017 la administración del exalcalde Peñalosa dejó perder la inversión y la licencia. En 2023, la administración de Claudia López inició un nuevo proceso de estudios y diseños de esta infraestructura, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, pero el colegio hoy no aparece entre los 12 priorizados para restitución en cumplimiento de la meta 326 del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ del Alcalde Carlos Fernando Galán, ni fue incluida en el cupo de endeudamiento recientemente aprobado. Es decir, nuevamente se perderán los recursos.
En otras palabras, “la comunidad del barrio Quirigua, en la localidad de Engativá, podría ver pasar otra administración sin contar con una infraestructura escolar segura y digna para sus niñas y niños”, aseguró la cabildante.
A esto se suman otras dos instituciones de la UPZ Minuto de Dios que llevan más de 20 años esperando la restitución de sus sedes educativas: el Colegio Distrital Simón Bolívar y el Colegio Distrital José Asunción Silva. Como estos, otras 355 sedes educativas públicas en Bogotá no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, sismorresistencia y accesibilidad. Es decir, el 55% del total de sedes públicas tiene graves problemas estructurales.
En la investigación adelantada por la Concejal Dussán del Polo Democrático, además, se encontró que la Administración de Galán está trabajando en el diseño de las primeras Alianzas Público-Privadas (APP) para infraestructura educativa en el país.
Dudas sobre las Alianzas Público-Privadas (APP)
Esta propuesta plantea una gran preocupación para la ciudad: ¿será esta una vía inicial hacía la privatización de la educación pública?, ¿cómo funcionará este modelo?, ¿quién lo administrará?, ¿cuántos serán los colegios que se construirán bajo esta figura?, ¿por cuánto tiempo se entregarán estas concesiones?, ¿en qué condiciones se otorgarán? y, ¿qué estudios sustentan la pertinencia y viabilidad de que empresas privadas administren los recursos públicos destinados a infraestructura, dotación y personal educativo?
En conclusión, la situación actual de la infraestructura educativa en Bogotá demanda una revisión integral de la planificación y asignación de recursos. A pesar de una reducción del 18% en la matrícula de colegios oficiales durante la última década, se han construido 47 colegios nuevos en la ciudad, pasando de 359 a 406 instituciones. Esto indica una posible desalineación entre la demanda y la oferta de infraestructura educativa.
Es fundamental priorizar el mantenimiento y la mejora de los colegios existentes antes de continuar con la expansión hacia nuevas sedes. Asimismo, es necesario garantizar la transparencia en la priorización de los proyectos y establecer un sistema de alertas tempranas que permita intervenir en las instituciones educativas con mayores necesidades de reparación y modernización.
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