¿AHORA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ SANCIONANDO A LOS CONDUCTORES?
Después de una rigurosa investigación y un análisis jurídico detallado sobre las actuaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, el concejal Julián Forero, “Fuchi”, deja al descubierto un grave esquema de ilegalidad mediante el cual se estarían recaudando miles de millones de pesos a través de multas impuestas a presuntos infractores.
Resoluciones ilegales que violan el debido proceso
La irregularidad identificada es clara: la Secretaría estaría expidiendo resoluciones sancionatorias de manera automática, sin cumplir con el procedimiento legal exigido en Colombia para imponer cualquier sanción.
En materia de tránsito, esto no es un detalle insignificante. Toda multa impuesta debe respetar estrictamente el debido proceso. De lo contrario, las actuaciones administrativas pierden validez jurídica, lo que podría generar la nulidad de las sanciones, así como de los cobros, embargos y demás medidas derivadas de estos actos.
Cifras que prenden las alarmas
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad, en 2025 se impusieron 855.467 comparendos. De estos, solo 1.792 conductores, es decir, apenas el 0,2% ejercieron su derecho a impugnar, mientras que 853.675 no lo hicieron, quedando en la práctica sometidos a procesos sancionatorios sin defensa.
Lo que exige la ley (y no se estaría cumpliendo)
El artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012, establece que cuando un ciudadano no comparece, la autoridad debe continuar el proceso en audiencia pública, garantizando:
- La práctica de pruebas
- La valoración probatoria
- La motivación del fallo
Es decir, no basta con imponer la multa: el Estado tiene la carga de probar la infracción dentro de un proceso formal. El comparendo por sí solo no constituye prueba suficiente.
El punto crítico: sanciones masivas sin audiencia
Pese a esta obligación legal, se evidenció que la Secretaría estaría utilizando un sistema automatizado basado en inteligencia artificial denominado “Sistema Fénix” para expedir miles de resoluciones sancionatorias sin la intervención real de un inspector de tránsito.
El caso más alarmante: en julio de 2025, una sola autoridad firmó 89.912 actos administrativos sancionatorios.
Esto implicaría que, en un mes, trabajando en jornadas ordinarias de 8 horas de lunes a viernes, habría tenido que resolver cerca de 9 procesos por minuto, estaría haciendo cada proceso incluyendo su firma en una resolución cada 6 segundos. Una cifra materialmente imposible si se hubieran respetado las etapas del debido proceso.
¿Qué significa esto para los ciudadanos?
De confirmarse estas irregularidades, no solo las multas serían ilegales. También lo serían todas las actuaciones derivadas de ellas, como:
- Cobros persuasivos
- Procesos de cobro coactivo
- Embargos
- Suspensiones de licencias por reincidencia.
En términos jurídicos, esto se conoce como la “Teoría del fruto del árbol envenenado”, donde todo acto derivado de un procedimiento ilegal también es ilegal y queda viciado.
Acciones legales en camino
Frente a estos hechos, el concejal Julián Forero anunció:
“Seguiremos defendiendo los derechos de los bogotanos. Ante estas graves irregularidades, presentaremos denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y quejas disciplinarias ante la Procuraduría, para que se investigue a fondo este posible abuso contra los conductores y los ciudadanos en general”.
