- En la Comisión Primera del Plan se expusieron avances de los planes de manejo y se advirtieron retrasos en su ejecución.
- Concejales alertaron sobre amenazas al ecosistema, incumplimientos de la empresa encargada y riesgos para líderes sociales.
La segunda y última parte del debate de control político en torno al Parque Ecológico de Montaña Cerro Seco dejó en evidencia tanto las acciones en curso como las tensiones por la lenta ejecución de los planes ambientales y la persistencia de amenazas sobre este ecosistema del sur de Bogotá. El debate fue citado por el concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
El debate inició con la intervención de la secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto Carreño, quien respondió a las inquietudes planteadas en el primer debate del 27 de julio y presentó los avances en la ejecución de dos planes: el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental (PMRR).
Para la entidad, proteger Cerro Seco significa asegurar la conservación de un ecosistema único y fundamental para el equilibrio ambiental del suroccidente de Bogotá. El PMA señala varias amenazas: más de 1.800 ocupaciones aledañas, disposición inadecuada de residuos, presencia de entre 80 y 100 cabezas de ganado, especies exóticas invasoras, prácticas de ciclo montañismo y montañismo sin autorización, además de explotación minera en los límites de la montaña.
Según la Secretaría, la primera acción urgente es el saneamiento predial. De los seis lotes que conforman el área, cinco pertenecen a particulares y todos enfrentan procesos judiciales con folios de matrícula cerrados, lo que ha retrasado en un 5 % el avance del plan frente a lo proyectado.
También se necesita fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad y con entidades como las secretarías de Hábitat, Seguridad y Gobierno, el IDRD, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía.
Plan de recuperación
Sobre el PMRR, la secretaria Soto afirmó que su objetivo es recuperar las áreas intervenidas por actividades mineras, ya que Cerro Seco no es un espacio compatible con esa explotación, en cumplimiento de la Resolución 2001 de 2016 y del artículo 38 del POT.
Para su ejecución, se entregó la responsabilidad al grupo Malkenu mediante resolución del 13 de diciembre de 2023, con vigencia hasta diciembre de 2028. De esta manera, explicó Soto, el ecosistema no está desprotegido.
Soto indicó que entre las medidas de control figura el Auto No. 05070 de 2025, mediante el cual se ordenó a Malkenu suspender de inmediato la disposición de lodos en el frente Azotea 2. Añadió que la empresa debe presentar en un plazo de 60 días nueve programas sobre manejo de residuos, control de emisiones, movilización de equipos y maquinaria, señalización, gestión con la comunidad y planes específicos de control.
Inconformidades
El concejal Óscar Bastidas Jacanamijoy (MAIS) advirtió que los planes avanzan con demasiada lentitud. Aunque existe presupuesto, solo se han ejecutado 98 millones de pesos, cifra que a su juicio refleja una gestión deficiente y demanda acciones urgentes.
Bastidas agregó que el Auto 5070, tras visitas técnicas en mayo, junio y julio, evidenció incumplimientos graves de la empresa Malkenu. Pidió revisar una posible minería ilegal en la zona de La Esmeralda, el uso indebido de oro en Azotea 2, la ausencia de cunetas para controlar sedimentos, la falta de un censo forestal para la revegetalización y las desviaciones en los cronogramas sin socialización con las comunidades.
El cabildante expresó su preocupación por la falta de veeduría sobre el PMRR y pidió revisar la aprobación otorgada a Malkenu, asegurando que la empresa no cumplió con los requisitos técnicos. Finalmente, solicitó reforzar la seguridad en la zona para proteger a los líderes sociales que defienden el ecosistema.
Más voces
Para el concejal José Cuesta Novoa (Colombia Humana), tras su visita a la montaña es evidente que “los tierreros se han convertido en una mafia”. Denunció la existencia de un basurero con olores insoportables, ocupación ilegal en las vías y la continuidad de actividades mineras.
La concejal Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) hizo un llamado a los entes de control. Según ella, Cerro Seco se encuentra desprotegido. Recordó que el Plan Ambiental de 2013 y el POT abrieron paso a la minería y la intervención urbana, debilitando su conservación.
Agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, que puede ser vista nuevamente en el canal de YouTube del Concejo, a través del enlace:
