El cabildante aseguró que se dio a la tarea de cotizarlas con las mismas descripciones técnicas y materiales.
“Solicité su valor unitario, me llevé la sorpresa en tres cotizaciones diferentes, que compartiré con los órganos de control, al comprobar que no superan los 370 mil pesos por unidad en el mercado”, indicó.
Esta denuncia, que se genera desde el Concejo de Bogotá, se da en el marco del paro nacional de universidades públicas que ya cumple ocho días, y del que participa el claustro educativo en cuestión, y en el que estudiantes y entes educativos piden aumentar presupuesto, cupos, apertura de nuevos programas y mejora de instalaciones, entre otros.
“Lo que se está evidenciando en el escenario administrativo de las universidades y especialmente en la Universidad Distrital, es un descarado despilfarro de recursos. Mientras que los estudiantes exigen mayor inversión, los directivos gastan irresponsablemente los recursos de la educación”, agregó.
Según confirmó Torrado, la compra de estas sillas se dio mediante el contrato de compraventa 014 de 2017, que suscribió la universidad por cerca de 5000 millones de pesos para dotar 11 laboratorios de la sede Bosa El Porvenir; contrato que debió realizarse a través de la modalidad de subasta inversa para asegurar menores precios en la adquisición de mobiliario con criterios de calidad.
“Solo uno de los cuatro proponentes que se presentaron resultó habilitado, por lo que el contrato se adjudicó directamente con la empresa WESEMANN GMBH E - ICL DIDACTICA sin existir previo proceso de subasta que garantice menores precios en la adquisición del mobiliario”, sostuvo.
A su vez, relató que dentro de las inquietudes que suscita este contrato, está que los requisitos mínimos técnicos para resultar habilitado eran demasiado exigentes, al afirmar que se les solicitó la celebración previa de 10 contratos en materia relacionada con la instalación de mobiliario, lo que claramente debilita a oferentes nacionales.
“Estamos ante un contrato de los que yo llamo sastre ‘echo a la medida’ y adicional a ello, se encontró que el único proponente habilitado presento una propuesta técnica que aparentemente no cumplió los requisitos mínimos exigidos como se puede constatar en las observaciones presentadas por los demás proponentes y ubicadas en el portal único de contratación”, añadió.
Finalmente, manifestó que el único valor de referencia, exigido por la universidad, fue el valor general del contrato por 5000 millones de pesos, rango desde el cual el proponente tubo maniobra para establecer altísimos costos en algunos de los ítems.
“Quiero trasladar el estudio de estas irregularidades a Contraloría, Personería y Veeduría Distrital, y de todos los contratos que ha suscrito la Universidad Distrital con el objeto de dar apertura a su sede El Porvenir porque aparentemente los valores son elevadísimos”, concluyó.