El concejal Julián Forero, decidido a cambiar el rumbo de la movilidad en Bogotá, a exigir respeto por la ciudadanía y en ejercicio de su función de control político, le habla hoy de frente a la ciudad para exponer las cifras que la misma Secretaría de Movilidad ha respondido a través de derechos de petición presentados desde el Concejo, así como otros hechos advertidos por entes de control como la Contraloría de Bogotá.
En esta oportunidad queremos evidenciar que, así como en salud los ciudadanos padecen el llamado “paseo de la muerte”, en el sector movilidad hoy viven el paseo del abuso de autoridad.
Las cifras no mienten.
En 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad recibió 4.966 quejas por mala atención.
Pero lo que más indigna al concejal Julián Forero es el irrespeto hacia los conductores cuando deciden iniciar la impugnación de un comparendo derivado de procedimientos injustos por parte de las autoridades de tránsito.
Al final, el ciudadano termina sometido a un proceso largo, tortuoso y desgastante, que parece diseñado para acorralarlo y obligarlo a pagar, aun cuando no esté de acuerdo con la presunta infracción.
El proceso contravencional que hoy denunciamos está lleno de mañas y artimañas que vulneran los derechos ciudadanos.
Aunque impugnar es un derecho legítimo, la Secretaría dilata los trámites con irregularidades que ya se volvieron el pan de cada día:
- Los agentes de tránsito no asisten a las audiencias para las que son citados.
Solo en 2025 se realizaron 1.282 citaciones y 142 agentes incumplieron.
De esos 142 casos, apenas uno tiene investigación por incumplimiento del manual de funciones. - En las audiencias, al no existir un ente verdaderamente neutral, se excusan las ausencias y se dilata el proceso, citando al ciudadano dos, tres y hasta cuatro veces sin que su impugnación avance.
- A los ciudadanos se les niegan con frecuencia pruebas clave, como las grabaciones de las body cam.
- Los inspectores de tránsito no actúan como autoridades imparciales que garanticen la práctica de pruebas y la asistencia de los agentes, y el proceso termina acompañado por equipos jurídicos en primera y segunda instancia que orientan el resultado hacia la sanción y muchas veces no admiten la presencia del Ministerio Público, debilitando el derecho real a la defensa.
“¿Les parece lógico que en Bogotá la Secretaría de Movilidad, que además es la más interesada en el recaudo y en exprimir el bolsillo de los conductores, sea al mismo tiempo quien maneja los procesos contravencionales, contrata agentes, inspectores y abogados, adelanta los procesos y pretende hablar de imparcialidad?
Con esa balanza totalmente desequilibrada, ¿qué posibilidad real tiene un ciudadano de defenderse frente a un abuso de autoridad o un mal procedimiento en la vía?
¿Dónde cabe esa lógica?”
expresó el concejal Julián Forero.
Un último dato refleja la verdadera dimensión del problema: en 2025 se presentaron 30.845 impugnaciones, de las cuales solo 2.415 prosperaron y los conductores fueron exonerados.
Es decir, apenas el 7,83 % del total logró demostrar su inocencia.
Por su parte, la Contraloría de Bogotá adelanta un proceso de investigación, debido a que, aun cuando muchos conductores son exonerados de la sanción, y este indebido proceso implicó la inmovilización del vehículo, no se generan las devoluciones de dinero en los casos en que el ciudadano ya realizó el pago.
El concejal Forero recuerda además que, dentro de las funciones legales de la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz están:
• Dirigir y coordinar las investigaciones disciplinarias contra funcionarios o exfuncionarios de la entidad.
• Establecer políticas y lineamientos para el funcionamiento oportuno, eficiente y eficaz de sus procesos y servicios.
Lo expuesto evidencia incumplimientos directos de estas funciones.
Por ello, reiteramos públicamente nuestra determinación de impulsar la moción de censura y de seguir defendiendo a los ciudadanos y conductores hasta lograr justicia, respeto y garantías reales en Bogotá.
Concejal de Bogotá
