Después de cuatro años ininterrumpidos de conversaciones, las partes consolidaron unos acuerdos en temas tales como los siguientes: Política de Desarrollo Agrario Integral; Participación Política; Fin del Conflicto; Solución del Problema de las Drogas Ilícitas; Victimas; Implementación, Verificación y Refrendación. Los anteriores puntos cumplen la condición de un Acuerdo Final, “Nada está acordado hasta que todo este acordado”, para poner fin a un conflicto armado que ha dejado más de 6.8 millones de víctimas y que nos cuesta a todos los colombianos más de 27 billones de pesos anuales, que ahora podrán ser utilizados para inversión social.
En el primer punto del acuerdo final, Gobierno y FARC, reconocen que el problema agrario es una de las principales fuentes del conflicto armado y que para llegar a una paz estable y duradera deben resolverlo. Con lo acordado se debe superar la brecha de pobreza y desigualdad social existente entre lo rural y lo urbano a través de un acceso a la tierra de manera integral, lo que implica la intervención en infraestructura, educación, apoyo para el fortalecimiento de la economía campesina, entre otros; respetando siempre la propiedad privada.
Se reconoce que para llegar a una paz estable y duradera, es necesario consolidar una democracia amplia, en la que se permita a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. En lo pactado, se erradicará por completo y para siempre la violencia de la política, creando para ello el Estatuto de la Oposición.
Para garantía de todo el pueblo colombiano, lo acordado en el punto de la terminación del conflicto, contará con el monitoreo y verificación tanto nacional como internacional en todos sus aspectos. El primer paso para una terminación definitiva del conflicto se dio, a las 24:00 horas del pasado 29 de agosto de 2016, cuando inició el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el cual es verificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este cese tiene como objetivo facilitar la ubicación de los combatientes de las FARC en 22 zonas veredales que no exceden los 20 kilómetros cuadrados cada una, y otros seis puntos campamentarios. Están pensadas por 180 días, el tiempo en el que se cumplirá el cronograma de dejación de armas.
La columna vertebral de lo acordado sobre el punto de las víctimas del conflicto es la verdad, para ello se estipuló la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición, el cual busca el reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidades por parte de quienes han cometido crímenes atroces; además busca garantizar la seguridad jurídica a quienes participan en él.
Las sanciones para quienes reconozcan toda la verdad serán de mínimo cinco años y máximo ocho años, se contempla la restricción efectiva de la libertad de residencia y movimiento; el desminado, la reconstrucción de pueblos, de sustitución de cultivos ilícitos son algunas de estas contribuciones a la reparación. Por el contrario, quienes reconozcan la verdad de manera tardía pueden recibir penas efectivas de prisión de hasta ocho años. Para quienes definitivamente no reconozcan nada y sean condenados irán a prisión hasta por 20 años. De acuerdo con el trato diferencial pactado, los militares podrán pagar sus sanciones en guarniciones militares y no cárceles ordinarias como ocurre ahora.
El Concejal Celio Nieves Herrera, manifiesta estar convencido que con la refrendación, el 2 de octubre, del acuerdo final, se logrará la terminación del conflicto y los colombianos comenzaremos la construcción de un país socialmente de mayores beneficios para las mayorías. Los colombianos daremos un gran paso para que las nuevas generaciones vivan en un país en el que las diferencias políticas se resuelvan en el debate ideológico y no con armas, en el que las brechas existentes entre lo rural y lo urbano no sean más que las distancias físicas impuestas por nuestra topografía y en el que el presupuesto para la defensa nunca más vuelva a ser más alto que el destinado para la educación, ¡Vota Sí por la paz!.
Celio Nieves Herrera
Concejal de Bogotá
