- La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) contempla un período de transición de dos años para que las entidades puedan realizar análisis de impacto y ajustes metodológicos.
- Según cifras preliminares expuestas en el debate, 615.175 personas registrarían una clasificación ascendente y 957.245 una clasificación descendente frente a su clasificación actual.
- El nuevo Registro Universal de Ingresos se alimentará de bases de datos de 47 entidades.
- El gasto público social en Bogotá pasó de $18,7 billones en 2021 a $27,2 billones en 2025.
Este jueves, la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá continuó el debate de control político sobre el presente y futuro de la focalización del gasto social en la ciudad y la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), herramienta que comenzará a implementarse a partir del próximo 1 de julio y que busca fortalecer la identificación de la población beneficiaria de programas sociales mediante el uso de información proveniente de registros administrativos.
Durante la sesión, la secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque Mejía, explicó que el RUI se alimentará de bases de datos provenientes de 47 entidades, entre ellas la DIAN, la Registraduría Nacional, Ministerio de Educación, entre otras. Según indicó, el sistema busca superar las limitaciones de los instrumentos basados exclusivamente en información autodeclarada, generar información más dinámica sobre las condiciones económicas de los hogares y mejorar la focalización de subsidios y programas sociales.
La funcionaria aclaró que el RUI no determinará directamente el ingreso o salida de los beneficiarios de los programas sociales, pues esa decisión seguirá siendo competencia de las entidades responsables de cada programa. Asimismo, señaló que la implementación contempla un período de transición para que las entidades puedan realizar análisis de impacto y ajustes metodológicos antes de adoptar plenamente el nuevo sistema.
En su intervención, destacó que el gasto público social en Bogotá pasó de $18,7 billones en 2021 a $27,2 billones en 2025. Educación y salud concentran $12,3 billones de esta inversión. La entidad también informó que las transferencias monetarias evitaron que cerca de 159.000 personas cayeran en pobreza monetaria durante 2024 y que otras 97.000 ingresaran en condición de pobreza extrema.
Por su parte, el secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo Salazar, destacó los instrumentos complementarios de focalización desarrollados por Bogotá para identificar poblaciones tradicionalmente excluidas de los registros convencionales. Entre ellos mencionó el Censo de Habitabilidad en Calle, el Registro de Pagadiarios y los mecanismos de identificación de personas en situación de abandono.
Según las cifras presentadas durante el debate, actualmente 33.050 personas habitan la calle, viven en pagadiarios o se encuentran en condición de abandono, poblaciones que hoy forman parte de los mecanismos de caracterización y atención social del Distrito. Angulo señaló que estas herramientas han convertido a Bogotá en referente nacional en materia de focalización social y han despertado el interés de entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Igualdad.
El funcionario también informó que durante el ciclo de pagos de abril se enviaron 348.003 transferencias monetarias, de las cuales 281.876 fueron recibidas efectivamente por los beneficiarios de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y 19.822 transacciones no fueron efectivas. Además, precisó que programas como Jóvenes con Oportunidades, Conexión Social y las transferencias para personas mayores no contemplan criterios de egreso asociados al Sisbén y no tendrían afectaciones inmediatas derivadas de la transición al RUI.
Durante las conclusiones del debate, el concejal Elkin Huertas destacó que la implementación del nuevo sistema contará con un período de transición de dos años, lo que permitirá a las entidades realizar los ajustes técnicos necesarios antes de adoptar plenamente el modelo. El cabildante señaló que esta gradualidad brinda mayores garantías a los beneficiarios de los programas sociales y evita cambios abruptos en los procesos de focalización.
A su turno, el concejal Óscar Ramírez Vahos advirtió que Bogotá debe garantizar una implementación rigurosa del nuevo sistema para evitar impactos negativos sobre la población vulnerable. El cabildante presentó cifras preliminares del Departamento Nacional de Planeación según las cuales 615.175 personas tendrían una clasificación ascendente y 957.245 una clasificación descendente frente a su ubicación actual en el Sisbén, lo que representa modificaciones significativas en la clasificación socioeconómica de los hogares bogotanos.
Ramírez señaló que el RUI debe entenderse como un instrumento de focalización y no como un mecanismo que determine por sí mismo la política social de la ciudad. Asimismo, advirtió que una transición inadecuada podría generar retrocesos en movilidad social y mayores niveles de desigualdad, por lo que pidió acompañar el proceso con medidas técnicas, administrativas y presupuestales que garanticen la protección de la población vulnerable.
Finalmente, el concejal Rolando González destacó que el período de transición anunciado por la Administración responde a una de las principales preocupaciones expresadas por las comunidades frente al cambio de sistema. El cabildante manifestó inquietudes sobre los resultados preliminares conocidos hasta el momento y señaló que estos deberán analizarse una vez el Distrito reciba la información oficial.
