En la madrugada del domingo 22 de enero falleció el menor Darkiel Arce Viricha de un año y medio de edad. El niño proveniente de Bagadó, municipio ubicado en el departamento del Chocó, habría retornado a mediados de enero al Distrito Capital. Con la muerte del Darkiel, se cumple el fatídico promedio de un niño muerto al mes en las instalaciones de la Unidad de Protección Integral - UPI La Rioja ubicada en la localidad de Los Mártires.
Previo a este contexto, el pasado domingo 15 de enero la HC Ana Teresa Bernal y la HC Ati Quigua en compañía de su equipo técnico visitaron las instalaciones donde conviven alrededor de 1.400 indígenas, desde allí denunciaron las precarias condiciones de hacinamiento y contaminación en la que se encuentran, advirtiendo a las autoridades distritales que este lugar es el principal foco de enfermedades que afecta especialmente la salud de los niños, niñas y mujeres; además, de no contar con una adecuada alimentación, situación que se refleja en la salud de niños, niñas y mujeres. La muerte del niño Darkiel Arce Viricha es una muerte que se pudo evitar pero es una anunciada ante la fallida política social de la “Bogotá Cuidadora”.
La alcaldesa Claudia López insiste en destinar recursos para la atención digna de la comunidad, pero ¿qué pasa con los recursos?, ¿a dónde se destinan estos rubros? Son muchos los interrogantes que están sin resolver y mientras tanto, la comunidad Emberá no cuenta con las garantías necesarias para tener una buena calidad de vida, alimentación, educación y cuidado.
Tuberías tapadas, 2 baños al servicio de casi 1.400 personas, mala alimentación y un niño muerto al mes, son el resultado de la mala gestión y administración de estos recursos, o vale preguntarse: ¿Por qué no se reflejan los recursos en atender la alimentación y mantenimiento de las redes de tuberías y alcantarillado?
Las autoridades distritales tienen mucho que explicar, aún más cuando no ha velado por el cuidado de la vida y dignidad de una comunidad desplazada por la violencia y el conflicto armado que vive el país, añadido al extractivismo, el paramilitarismo y la minería ilegal. Además, no cuentan con garantías de retorno para aquellas familias que desean volver a sus territorios, ni de una pronta reubicación para las familias que han decidido quedarse en la ciudad.
Mientras tanto, ¿qué va a pasar con la comunidad Emberá?
Desde el Concejo de Bogotá, la HC Ati Quigua ha estado al frente de la situación de esta comunidad indígena desde su llegada a la capital, siendo garante de sus derechos y velando que las autoridades distritales les garanticen los recursos necesarios para que gocen de un mejor bienestar.
El lunes 23 de enero, la HC Ana Teresa Bernal en su calidad de coordinadora de la Comisión Accidental para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito Capital, solicitó priorizar con carácter urgente la situación que vive el pueblo Emberá y requirió a las entidades e instituciones distritales competentes, un informe de la gestión que realizarán para la atención de los más de 600 niños, niñas y adolescentes que habitan en la UPI La Rioja.
La concejala hizo énfasis sobre las condiciones dramáticas y deprimentes en las que viven esta comunidad, pues solo cuentan con un baño para 1.400 personas, donde los niños permanecen descalzos y desnudos en medio de la suciedad y olores nauseabundos.
En el desarrollo de la comisión, se manifestó a las autoridades Distritales, entre ellas Secretaria de Salud, Secretaria de Hábitat, Secretaria Distrital de la mujer y la Alta Consejería para la Paz, la necesidad de declarar emergencia humanitaria en La Rioja, con el fin de dar celeridad a la reubicación habitacional que garantice bienestar y dignidad para la niñez y mujeres de la Comunidad Emberá
Por su parte, la HC Ati Quigua explicó que el factor económico es uno de los motivos para que un gran número de indígenas puedan retornar a sus territorios. “Se debe dignificar la economía de las mujeres, crear una plataforma virtual para comercializar sus artesanías como una alternativa integral, ya que a muchas de ellas no las dejaban tejer y existe violencia económica. Hay pérdida de credibilidad del Distrito, se pactaron unos acuerdos con ellos y no se han cumplido, como crear una Alternativa integral económica para las mujeres”. Alternativa que ayudaría a aliviar la dura situación que vive el pueblo indígena Emberá en la capital.
En el caso de los niños, muchos de ellos no hablan el español, por lo que hay dificultades culturales, ideomáticas en cuanto a la educación por el enfoque diferencial. Pedimos que no se quede ningún niño por fuera del sistema educativo, así como se había hecho con los jardines infantiles, garantizando el derecho de acceso a la educación.
Se requiere una política pública con indicadores de impacto, presupuesto, soluciones habitacionales, red de entornos étnicos y rediseño de la arquitectura institucional que permita brindar garantías a la niñez y las mujeres de la comunidad Emberá que hoy viven en Bogotá.
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