Para los cabildantes implementar este proyecto paralelamente con el de cobro por congestión afecta socialmente a la Ciudad.
La Concejal Rubio aseguró que “Se debe atacar las causas de la crisis del SITP antes de inyectarle más dinero. Actualmente tenemos unos operadores que quebraron, otros que están sometidos al régimen de la Ley 1116 de 2006, así como también el operador de recaudo. Si esto no se ha solucionado, no conviene implementar la contribución. En otras palabras, primero hay que tapar el hueco por donde se sale el agua del jarro, antes de echarle más agua”.
Por su parte el Concejal Cardozo expresó: “Hay incoherencia de la Administración porque, por un lado, dice que la contribución, entre otros, busca atenuar una de las externalidades negativas del uso del vehículo particular, esto es, la contaminación; pero, por otro lado, nos propone un sistema que funciona a base de Diesel, un sistema cuya renovación de flota no va a tener las mejores tecnologías, sino que se busca usar tecnología que para otros es obsoleta, una flota contaminante que ya no es operante en Europa, cuestión que ha sido criticada por la Procuraduría. Además, ¿Cómo se atenúan las externalidades negativas generadas por Transmilenio? ¿Quién le retribuye a los bogotanos por el hollín que Transmilenio le pone en sus pulmones?
Con esta contribución se está afectando mayormente a los estratos 2, 3 y 4 quienes en términos absolutos tienen más vehículos que los estratos 5 y 6. (El 78% del parque automotor de Bogotá se concentra en los estratos 2, 3 y 4: Estrato 2, 24,83%; Estrato 3, 39,8%; Estrato 4, 14,13%). Por cada vehículo cuyo propietario pertenece al estrato 6 hay 5 vehículos cuyos propietarios son del estrato 3. Esto es atentatorio del principio de progresividad. Además, esta contribución encarecerá el servicio hasta en un 52% para los automóviles y un 36% para las motocicletas”.
