De acuerdo con las cifras oficiales, Kennedy lidera las estadísticas de contagio de Coronavirus en Bogotá con casi 900 casos confirmados a la fecha, del total de 4.563 que tiene la ciudad hasta el momento y resultaron ser el principal argumento para que la UPZ Bavaria (barrios: Nueva Alsacia y Marsella); la UPZ Calandaima, (barrios: Tintalá, Galán y Osorio); la UPZ Patio Bonito, (barrios: Patio Bonito y Tayrona) y la UPZ Corabastos, (barrio: Maria Paz) resultaran ser las zonas bajo restricción por un periodo de dos semanas.
Con tan solo un par de días de vigencia, los habitantes de estos sectores ya han visto como la incertidumbre es mayor a la sensación de seguridad. Es el caso de los residentes de la zona de Tintal Norte que aseguran sentir vulnerado su derecho a la movilidad puesto que la única salida que tienen de su sector es atravesando la UPZ Calandaima y en su trayecto, ya sea por la cicloruta o por los andenes, se encuentran con la ausencia del pie de fuerza y la aglomeración de vendedores ambulantes que copan el espacio público o personas que hacen uso indiscriminado de los parques y vías sin protección alguna.
Así mismo, las denuncias de residentes de los barrios Tintalá y María Paz, que dicen sentirse estigmatizados, pues cuando se encontraban preparados para retornar a labores, sus empleadores lo impiden por residir en estos barrios. En otros casos, son su jefes los que piensan que se excusan bajo un argumento sin sustento; o, son señalados como indisciplinados por cuenta de hacer parte del territorio que cuenta con mayor número de contagios de Covid-19; situación que ha resultado en episodios de estrés, depresión y ansiedad. También, las denuncias de pequeños comerciantes en la UPZ Corabastos, sobre la expedición permisos de manera indiscriminada, que resultan en manos de personas que nada tienen que ver con la Central Mayorista y que les permite circular sin problema.
Es por ello que ahora a través de derechos de petición, cartas y videos, le solicitan a la Alcaldía Mayor que: se dé claridad a los límites sobre cada sector bajo Alerta Naranja, que hasta momento indican, no son claros ni para ellos, ni para las autoridades que ejercen vigilancia; acordonar las ciclorutas que atraviesan las zonas de cuidado especial, y que haya presencia permanente de personal con el uso de tecnologías como termómetros para controles de salubridad. La emisión de certificados que puedan presentar en sus empresas, al tiempo que se exija a las empresas no realizar despidos a quienes habiten en los territorios afectados.
También, el testeo masivo a los residentes de manera prioritaria, sectorizando por conjuntos residenciales y que se rinda el respectivo informe por unidad residencial, con las estadísticas de contagio para ejercer un mayor control y emprender actividades pedagógicas y de cultura ciudadana de la mano de las entidades responsables.
Es evidente, que la falta de control de las autoridades, que en su anuncio dijeron hacerse responsables de garantizar la seguridad y salubridad ha creado confusiones innecesarias para los bogotanos fuera y dentro de estas zonas de cuidado especial. El llamado es a la Alcaldía Mayor, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Integración Social y en el acompañamiento a la Personería para el diálogo con la comunidad y el suministro de información clara sobre las implicaciones de la declaratoria en Kennedy.
Concejal de Bogotá
