Tal como argumentamos, dicha decisión debe pasar por el debate democrático, por lo menos, del Concejo de Bogotá, en ese entendido, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial POT sea expedido por Decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.
Así, la acción judicial que fue instaurada el pasado mes de septiembre pretendía que se declararan inconstitucionales los artículos 6 (parcial) y 14 de la recién aprobada Ley 2116 de 2021 que modificó el Estatuto Orgánico de Bogotá, y que se dejara sin efectos la reforma que le quita competencias al Concejo de Bogotá en materia de autorización de vigencias futuras e incluye la creación de localidades a través del POT.
Compartimos la necesidad de reorganizar el territorio en Bogotá, debido a que las condiciones sociales, poblacionales han cambiado en comparación a las dinámicas que se tenían hace varias décadas, pero no de manera autoritaria como este gobierno pretendía hacerlo: a través de un decreto expedido en los últimos días de diciembre, sin mediar discusión en el Concejo.
Hacemos un llamado a la administración para que dentro de sus facultades, y de acuerdo a la condición impuesta por la Corte Constitucional realice las gestiones para presentar un Proyecto de Acuerdo para la futura división territorial de Bogotá, división que debe ser concertada, fundamentada y mediada por la deliberación democrática.
Una vez más queda en evidencia cómo la alcaldesa Claudia López y su Secretaria de Planeación Maria Mercedes Jaramillo mediante el Decreto 555 de 21 tomaron medidas autoritarias ignorando los cauces procesales establecidos por la ley, en este caso, para impulsar la delimitación de las localidades en UPL's, una más de las decisiones que se toman en un escritorio a espaldas de la ciudadanía.
