La evidencia de que engañan y manipulan es que en 44 de las demandas de nulidad y acción popular que han interpuesto ante diferentes jueces en los últimos tres años, 14 se han fallado a favor de la Alcaldía. Es un tema politiquero, una acción sistemática encaminada a frenar obras vitales para todos los bogotanos.
No les importa si con esas demoras los proyectos se encarecen, y que después esos costos salgan de los impuestos de los bogotanos. No les importa que los problemas sigan sin solución. Lo que tenemos es una red de los mismos con las mismas, muchos que actúan como mensajeros de intereses políticos, que no hicieron y ahora no dejan hacer usando al sistema judicial.
Todos los días queda en evidencia la falta de compromiso de la oposición con los más altos intereses de la ciudad. Está demostrado que solo los intereses personales los mueven, sobre todo ahora que van en busca de un botín electoral. Y ha acudido a los jueces para buscar por medio de fallos lo que no consiguen por falta de argumentos y de razones.
Del 2016 a la fecha, de ahí que la Alcaldía de Bogotá haya tenido que enfrentar esos 44 procesos de acciones populares, acciones de cumplimiento y demandas de nulidad. Cada proyecto que emprende la administración es demandado. Pero la evidencia de que se está actuando bien son los fallos a favor.
Otros 27 procesos siguen activos y con seguridad fallarán a favor de la ciudad, porque las cosas se están haciendo bien, con estudios, con diseños, con responsabilidad. Los proyectos y programas han estado bien sustentados, pero se pierde tiempo y se logra el objetivo de los enemigos del progreso de la ciudad: paralizar las obras.
Hoy está en suspenso la adjudicación de la licitación de TransMilenio por la carrera 7ª, la construcción del parque de San Rafael, las obras de ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta Wiesner del Acueducto y la política de humedales.
Cada vez más estamos hundiéndonos en el gobierno de los jueces. Ya no importan más los estudios técnicos ni los diseños; ya no se valora que se cumplan los términos de la ley y que se busque el bienestar de la mayoría como acaba de ocurrir con la medida judicial que paralizó la licitación para construir la primera fase del Parque San Rafael, una deuda de la ciudad con el municipio de la Calera y con los bogotanos.
¿Cuál es el pecado de la Administración en San Rafael? Querer acondicionar 11 kilómetros de senderos que les brinden a los ciudadanos de Bogotá y de Cundinamarca la posibilidad de caminar, hacer recorridos en bicicleta, escalar y contemplar el paisaje.
El proyecto incluye miradores, un muro de escalar, zona de picnic, restaurantes y espacios para recorridos pedagógicos. Se busca, además de brindar la posibilidad de recreación, que los ciudadanos aprendan sobre el ciclo de aprovechamiento sostenible del agua, porque también está previsto contar en el parque con el Museo del Agua y recorridos interpretativos.
Pero la oposición, valiéndose de la falta de conocimientos técnicos de los jueces, quiere proteger los privilegios de unos pocos. Que los recursos ecológicos no se toquen para que no llegue la mayoría.
Se quiere vender la idea de daño a los recursos, cuando, en el caso de este Parque corresponde al cumplimiento de una obligación de compensación ambiental que el Acueducto tiene con la Calera desde hace 20 años para retribuirle el parque que desapareció cuando se inundó el terreno para darle espacio al embalse San Rafael. Ahora quieren que el acueducto incumpla esa responsabilidad ambiental.
Y no solo eso: de las 1.200 hectáreas que tiene la reserva de San Rafael, el Plan de Manejo Ambiental bajo el cual está previsto hacer el parque solo incluye 51 hectáreas, y de ellas, solo se va a intervenir el 4,25 por ciento, es decir, menos de tres. ¿Cuál daño ambiental?
Lo mismo se hizo con la carrera 7ª, una licitación que debería estar adjudicada y que también fue paralizada. ¿Por qué? Porque un conjunto residencial que construyó sobre zona de reserva a sabiendas que en algún momento vendrían obras en la séptima, ahora alega unos impactos que ellos mismos buscaron.
Valga aclarar que a pesar de eso, el tramo de la séptima de la calle 85, donde están los reclamantes de Altos de la Cabrera, se diseñó teniendo en cuenta posibles impactos y medidas de mitigación.
Pero el juez, que no conoce los estudios técnicos, actúo con base en una queja temeraria que ahora paraliza una obra que en el norte no quieren, que la oposición no quiere, porque va a beneficiar a la gente de menos recursos que usa el transporte público. Esos que hoy se demoran dos horas en movilizarse y con TransMilenio reducirán sus recorridos a 50 minutos.
Y los opositores juegan a que mientras el Distrito demuestra que tiene razones técnicas y estudios para actuar, los tiempos corran y las obras se paralicen. Bonita manera de servir a la ciudad, trabándola y bloqueándola. Porque no es a Enrique Peñalosa quien afectan, es a los ciudadanos.
Los ciudadanos deben tener claro quiénes le están poniendo palos en la rueda a soluciones críticas de la ciudad y castigarlos con el voto. No merecen ser servidores públicos.
Concejal de Bogotá
