Foto tomada del perfil de Twitter @JEP_Colombia
El Concejal de la Familia instauró la denuncia específicamente contra los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados por el presunto delito de prevaricato por acción, pues “los denunciados no tenían la competencia legal para pronunciarse de fondo sobre la garantía de no extradición solicitada por la defensa”, toda vez que los hechos por los que Estados Unidos requirió a Santrich se habrían cometido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de firmado el Acuerdo de Paz de La Habana.
El denunciante también fundamentó su denuncia en que la JEP vulneró el principio de legalidad al solicitarle pruebas al sistema judicial norteamericano que, por demás, está impedido para publicarlas antes de adelantar el proceso; y menos aún, cuando el tribunal colombiano no tiene competencia para analizar pruebas en un proceso amparado en un tratado de extradición firmado entre estados.
Finalmente, el cabildante Ramírez reconoce los valiosos argumentos expuestos en los salvamentos de voto de las magistradas Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, y confía en que sean debidamente valorados por los honorables representantes a la Cámara que integran la Comisión de Acusaciones, dentro de esta investigación.
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