La solicitud realizada por Ramírez Antonio al ministerio público se dirige a garantizar la seguridad jurídica y a salvaguardar la participación ciudadana de los habitantes del Distrito Capital en la protección de los derechos ambientales garantizados por la Constitución de 1991, que no pueden ser desconocidos por mandatos judiciales en detrimento del uso de importantes instrumentos que conforman la gestión pública.
Conforme a las competencias constitucionales y legales del ministerio público, en el trámite de las acciones populares, el concejal Ramírez acudió a este órgano de control para que el Auto de la magistrada Villamizar que aprueba tajantemente todas las pretensiones del alcalde Enrique Peñalosa para urbanizar la reserva forestal Thomas van Der Hammen, se adecúe al interés público y tenga en cuenta los antecedentes técnicos y científicos de expertos sobre la materia.
Por último, para el cabildante “es esencial que la Procuraduría se pronuncie sobre los efectos procesales que va a tener el mencionado Auto en otras acciones populares como la interpuesta por mí contra la CAR por la supuesta omisión administrativa para materializar cada uno de los componentes que conforman el plan de manejo ambiental de la Van Der Hammen”.
