Derecho a la protesta sí, pero sin violencia

Entiendo a quienes protestan y defiendo el derecho que tienen a levantar su voz si creen que deben hacerlo.

Lo que no entiendo es por qué toda la ciudad tiene que pagar las consecuencias de las protestas, en particular cuando hay intereses políticos mezclados y encapuchados agazapados entre las manifestaciones.

 

Lo digo por la protesta de la semana pasada en torno al relleno sanitario de Doña Juana, que se ha convertido en un caballito de batalla de la oposición, que utiliza las preocupaciones de los ciudadanos vecinos al lugar para generar violencia y traumatizar la ciudad.

 

Las manifestaciones de esta semana lo demostraron. Los campesinos de la zona, los recicladores y los jóvenes que se unieron a las marchas por los malos olores en el relleno abandonaron la protesta cuando se dieron cuenta de la presencia de encapuchados que atacaron a la Policía y quisieron generar el caos.

 

Fue un día sin clases para 120.000 niños a quienes tuvieron que suspender la asistencia al colegio porque la Secretaría de Educación descubrió a tiempo que los estaban intentando reclutar para llevarlos a las protestas.

 Los vecinos de Ciudad Bolívar y Usme perdieron dos horas en la mañana intentando llegar a sus trabajos. Algunos ni siquiera pudieron movilizarse a tiempo.

 

Al final del día, la Alcaldía logró evitar el colapso de la ciudad con lo que se llamó el paro cívico del sur, pero los encapuchados, que no querían defender los derechos de los vecinos del relleno, sino sembrar el caos, lograron que el saldo terminara con 25 personas heridas, entre ellas cinco policías.

 

Las escaramuzas que armaron también lograron el cometido de 16 buses de TransMilenio dañados y cinco camiones compactadores averiados.

 

Quiero resaltar que ni los campesinos, ni los recicladores, ni los vecinos causaron problemas. Marcharon sin causar mayores contratiempos. Por fortuna ellos mismos comprobaron el uso político de sus reclamos: de un momento a otro, encapuchados surgieron de entre la multitud para sembrar la violencia. Y fue ahí cuando campesinos, recicladores y vecinos se retiraron.

 

Ellos no querían violencia, pero los encapuchados sí, porque desde el comienzo se aprovecharon de los reclamos de la comunidad para usarlos con sus fines e intereses personales.

seguimos avanzando

LUCIA BASTIDAS 

CONCEJAL DE BOGOTÁ

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