La oposición de derecha, El Uribismo, en cabeza de su propio jefe el Expresidente Uribe de cuyo gobierno se ocupa el informe. El Procurador Alejandro Ordoñez quien tiene precisamente la competencia de investigar disciplinariamente a los agentes estatales comprometidos con tales hechos. Y el Presidente Santos, Ministro de Defensa de Uribe cuando estalló el escándalo.No podrán decir que el informe hace parte de la estrategia “castrochavista” para tomarse el país. Ni que es un componente de la guerra jurídica, extensión de la guerra de guerrillas, que busca enlodar la imagen de las Fuerzas Armadas y afectar su moral de combate. Es muy difícil imaginar que el propio Presidente Uribe o sus Ministros de Defensa hayan dado la orden de asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Pero también ofende la inteligencia de los colombianos y del mundo seguir afirmando que son casos aislados o que solo comprometen a soldados y militares de bajo rango.Para redactar este informe HRW entrevistó más de 40 fiscales, funcionarios de la Fiscalía, familiares de las víctimas, abogados y testigos en distintas regiones del país. También se acudió a estadísticas de la propia Fiscalía, expedientes penales, audios de audiencias judiciales y testimonios de testigos, grabaciones de conversaciones telefónicas ordenadas por las autoridades; informes oficiales, no gubernamentales y periodísticas. El informe se concentra en el periodo comprendido entre el 2002 y 2008 no por un interés antiuribista, sino porque la escala y frecuencia de este tipo de ejecuciones extrajudiciales “aumentaron sustancialmente en este periodo”.El informe reitera lo que ya sabíamos. Que los denominados “falsos positivos” corresponde a un patrón de conducta o a un modus operandi de estructuras completas de las fuerzas armadas. Comportamiento generado por un sistema de incentivos perversos que premiaba con dinero a particulares la entrega de información sobre unidades guerrilleras o personas vinculas a estas, armas y explosivos; y con beneficios, premios y ascensos a los miembros de la fuerza pública que entregaran resultados en bajas y capturas. Las directivas ministeriales que establecieron dicho sistema de incentivos hicieron parte de la política de seguridad democrática de aquel gobierno. Las cifras producen pavor: 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, que operaban bajo el mando de las siete divisiones que tenía el Ejército, comprometidos en estos delitos.La justicia ha operado a medias. Más de ochocientos miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados. Y la Fiscalía investiga actualmente más de tres mil casos de “falsos positivos”. El Informe de HRW llama la atención en que entre los condenados hay unos pocos ex comandantes de batallones, pero ningún oficial al frente de las brigadas a las que estaban adscritas estas unidades militares. De los 16 generales del Ejercito activos o retirados que están siendo investigados, dice el informe, que ninguno ha sido acusado formalmente. Y concluye resaltando que por el contrario, algunos de los comandantes de esas brigadas posteriormente ascendieron a los más altos niveles de la línea de mando militar.El Presidente Santos, en su calidad de jefe de Estado, como un acto de responsabilidad política ante el país y el mundo, y como un reconocimiento a la dignidad de las víctimas de estos crímenes debería ofrecer todas las garantías para que se conozca toda la verdad de lo ocurrido en esta negra página en la historia de nuestro Ejército. Es la mejor manera de evitar que se manche el honor de nuestras fuerzas militares. Es más eficaz que la virulencia.@AntonioSanguino
Concejo de Bogotá
