“Es un falso positivo judicial”. Así han calificado la más sonada detención masiva de los últimos tiempos en Bogotá. Operación que no tiene nada que envidiarle a las que vivimos en la era Uribe. 15 personas, la mayoría de ellas jóvenes menores de 25 años, fueron detenidos en un espectacular operativo que involucró 200 uniformados, un indeterminado número de agentes encubiertos, helicóptero y cámaras de televisión para registrar en vivo y en directo la captura de los “terroristas”.
Los anuncios y aplausos oficiales coparon los titulares en los medios de comunicación. El propio Presidente Santos, por quien en favor de la paz seguramente votaron los capturados para ayudarlo a elegir, no dudó en condenarlos, sin formula de juicio, como “terroristas integrantes del ELN”. La Fiscalía hizo lo propio y el General Palomino dio el parte de victoria. Hasta el Alcalde Petro se apresuró a “aclarar” que la Bogotá Humana no era culpable de la “infiltración terrorista” cuando se supo que tres de los detenidos tenían vínculos contractuales con el Distrito.
Todo se desató el 2 de julio. Ese día explotaron dos petardos en las sedes de la entidad financiera “Porvenir” en el norte y occidente de la ciudad. Al día siguiente el Presidente Santos responsabilizó al ELN de estos atentados. Se apoyó en que ese día estalló una “bomba panfletaria” en el centro de la Capital con propaganda alusiva a los elenos. Seis días después, el 8 de julio, se produjeron las 15 detenciones. Dos de los jóvenes detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y desde el 13 de julio se adelanta una sonada audiencia de imputación de cargos contra los 13 detenidos restantes. Y cada día en dos procesos paralelos, el mediático y el judicial, se multiplican las dudas sobre la solidez de las pruebas que justifican las capturas e imputaciones.
Con el paso de los días y de las largas audiencias de imputación se ha decantado la película. A 10 de los detenidos se les imputa cargos por delitos relacionados con un tropel ocurrido en la Universidad Nacional en mayo del 2014. Y solo a tres de ellos se les imputa delitos derivados de una supuesta vinculación con el ELN. Y la propia Policía reconoce que “sobre los atentados en Porvenir no se ha imputado ningún cargo”. Todo parece indicar que, queriendo responder con celeridad a la zozobra de la ciudadanía y a la presión del gobierno por resultados, las autoridades judiciales y de policía echaron mano de unos seguimientos e interceptaciones a personas vinculadas a la organización “Congreso de los Pueblos” y sin solidos elementos probatorios, más en los medios que en los juzgados de paloquemao, pretendieron condenarlos como los “terroristas de Porvenir”, culpables además de cuanto petardo haya sido colocado en el último tiempo en la ciudad.
Puede parecer exagerado calificar este caso como “Falso Positivo Judicial”. Pero las similitudes, guardadas las proporciones, son evidentes. El Presidente Santos, para responder a un clima adverso en la opinión pública por el escalamiento del conflicto, pide resultados inmediatos y las autoridades los exhiben de cualquier forma, a riesgo de que probatoriamente los procesos se derrumben luego como un castillo de naipes. A riesgo de juzgar como “terroristas”, si creyéramos las inferencias que han derivado de las interceptaciones realizadas, a personas que participaron en una de las tantas refriegas con la Policía en la Universidad Nacional. A riesgo de que los verdaderos terroristas sigan campantes en las calles de Bogotá.
@AntonioSanguino
