La Fiscalía General de la Nación abrió investigación penal en contra del ex gobernador de Boyacá (actual candidato a la gobernación) Carlos Amaya y llamó al concejal de Bogotá Diego Cancino para conocer de primera mano las denuncias sobre el favorecimiento a contratistas de su círculo cercano.
Cancino fue citado a la Fiscalía para rendir versión libre sobre sus denuncias en relación con la contratación irregular en la gobernación de Carlos Amaya en Boyacá.
El pasado 28 de abril, Cancino denunció que durante la Gobernación de Amaya se beneficiaron los hermanos José Antonio y David Peña Villalobos con contratos por más de 167 mil millones, quienes se hicieron a tres jugosas licitaciones de obras viales, al parecer, mediante un carrusel de cinco empresas asociadas a estos hermanos. Así explicó el concejal el entramado:
El primer contrato de los Peña se firmó en 2017 (selección abreviada), a través del Consorcio MIRAPAEZ 2017, por $39 mil millones, con Luis Fernando Ramírez Duarte como representante legal.
MIRAPAEZ 2017 fue conformado por dos empresas: I) Constructora y pavimentos de Colombia COPACOL (que tiene el 66% de la participación del consorcio), con José Antonio Peña Villalobos como representante legal. Y II) Constructora Esparta con Jairo Emiliano Omaña García como representante legal y Luis Fernando Ramírez, como suplente (Ramírez es representante legal del Consorcio).
Por este contrato la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Carlos Amaya por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual.
En 2018 la Gobernación de Boyacá firmó el segundo contrato con los Peña a través del Consorcio Corredor Vial del Oriente. Contrato que inicialmente se firmó por $93 mil millones para terminar en octubre de 2019 pero que debido a las 10 prórrogas realizadas por los retrasos en la obra finalizaría en octubre de 2023; cuatro años después de lo programado, por un costo adicional para el Departamento de $30 mil millones de pesos.
El Consorcio Corredor Vial del Oriente lo conforman: Colombiana de Ingeniería y Pavimento COIPAV SAS (90% de la participación) con José Antonio Peña Villalobos como representante legal y Constructora Esparta con la representación legal de Jairo Emiliano Omaña García.
En 2019 se firma el tercer contrato con los Peña por $4 mil millones. A través del municipio San Eduardo (Boyacá) que suscribe contrato con el Consorcio Vías San Eduardo 2019. El representante legal de este Consorcio fue (de nuevo) Luis Fernando Ramírez Duarte.
Reportes de Cámara de Comercio indican que la dirección de dos de los consorcios y dos empresas que participan en estos es la misma: Carrera 7ma con calle 156, Oficina 2401, en Bogotá.
Finalmente, encontramos que el interventor de dos de los tres contratos coincide: LR Proyectos LTDA, cuyo representante legal es Rodolfo Daza Rodríguez, hizo la interventoría tanto del contrato MIRAPAEZ 2017 (mejoramiento de la vía entre Miraflores y Páez), como del contrato con el Municipio de San Eduardo.
A este interventor y a la entonces secretaria de hacienda les abrieron un proceso de responsabilidad fiscal por posibles sobrecostos en la labor de interventoría.
