Bien sabemos que la contradicción entre distintas fuentes es un asunto crítico en la gestión de las políticas públicas de seguridad. Pero en esta ocasión estamos hablando de los resultados que periódicamente entrega el CEACSC de la propia Secretaría de Gobierno.
Y son francamente preocupantes. No solo porque reiteran la sensación de inseguridad que campea en la ciudad. Sino porque revela un “cambio cualitativo”, en palabras del propio estudio, en la dinámica delictiva de la Capital. Una “transformación de la criminalidad” ha dicho el experto Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación. Los diez delitos de alto impacto que concentran la acción de las autoridades y que son monitoreados por la Alcaldía o
por otras entidades registran un comportamiento negativo en el último año. La tasa de homicidios subió al 17.4% por cada 100 mil habitantes y rompió la tendencia al descenso sostenido que traemos desde el 2010. También se incrementaron notablemente los atracos callejeros; el hurto de viviendas, vehículos, motos y bancos; y las lesiones personales, entre otros.
Pero la cifra que más preocupa y la pista más reveladora es el aumento del sicariato. 215 personas, 119 más que el 2013, llegaron a Medicina Legal asesinadas por encargo. Un aumento superior al 100%. El sicariato supone la existencia de estructuras organizadas para su realización y evidencia la disputa de estructuras mafiosas por negocios asociados al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Estudios académicos e investigaciones periodísticas hablan de la expansión de redes de comercialización de drogas hacia el sur y el occidente de la Capital, la disputa esmeraldera luego de la muerte de Carranza y la presencia de mafiosos emergentes o estructuras criminales como “Los Urabeños”. Se advierte también relaciones cada vez más fluidas entre estos fenómenos y las 139 bandas y pandillas de jóvenes que operan en los barrios. Como además se alerta que los asaltos a residencias y establecimientos bancarios o comerciales se realizan con un despliegue de capacidad operativa que supone conexidad con estructuras criminales complejas.
Salvo el reconocimiento que el Alcalde Petro ha hecho de la presencia de mafias en el aumento del sicariato, en general las autoridades han salido a negar las tendencias y evadir respuestas. La Policía debe asumir su inmensa cuota de responsabilidad y no ocultar su ineficiencia en actividades que no son de su competencia como tapar huecos o drenar calles. La Administración debe reconocer que la inestabilidad institucional y el cortocircuito permanente que caracterizó todo el año 2104 ayudan a explicar las cifras. Como también aceptar que el año anterior la responsabilidad de la seguridad estuvo en manos de funcionarios grises y absolutamente incompetentes. Y por supuesto que también ponga la cara el Gobierno Nacional que lanzó con bombos y platillos un plan contra las “ollas” en todo el país. No puede seguir ocurriendo que cuando las cifras son positivas todos compiten por sacar pecho, pero cuando los resultados no son buenos se tiren la pelota. Además de poner la cara hay que adelantar una reingeniería a la política de seguridad de la Capital.
