Llevo dos años insistiendo para que la administración de la Bogotá Humana vuelva sus ojos a 3.000 personas cuya vida y sustento dependen de la fabricación de carbón artesanal en zonas marginadas de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón y Suba.
Y he insistido porque estas personas, unas 750 familias, contaminan el aire en los sitios donde ejercen su oficio y trabajan en la clandestinidad por la persecución de la Policía, ya que contaminar el aire es un delito ambiental que se castiga con la cárcel y con multas millonarias.
Es cierto que es obligación de las autoridades administrativas y de policía velar por el cumplimiento de la ley, pero también es verdad que el Estado tiene la obligación de proteger con sus acciones a las personas vulnerables. Y en este caso he insistido en que la alcaldía debe tomar cartas en el asunto para ayudar a los carboneros artesanales a trabajar en el marco de la ley.
No es un secreto, como lo hemos evidenciado en mesas de trabajo y en visitas a los barrios, que los carboneros cumplen un trabajo al recoger de las calles no menos de 500 toneladas de madera de desecho que de otra manera terminarían en la calle, como ocurre con los escombros y otros desechos. Esa es su materia prima.
Los he conocido en sus entornos, he trabajado con ellos, he escuchado sus historias, he compartido con ellos muchas horas y semanas y he constatado su condición precaria de vida. Los carboneros artesanales han heredado su oficio de generación en generación. Los adultos que hoy ejercen el oficio, padres, tíos y abuelos muchos de ellos, no conocen una actividad distinta y no saben hacer otra cosa. Su vida transcurre en la recolección diaria de madera de desecho en las carpinterías, que después queman en lotes a cielo abierto para conseguir el carbón que después venden por bultos en los asaderos, plazas de mercado y restaurantes.
Aquí en el Concejo he insistido en varias acciones que demandan la atención inmediata de la Alcaldía. Una de las más urgentes es utilizar su poder y sus recursos, a través de entidades como la secretaría de Desarrollo Económico, para orientar, capacitar y apalancar financieramente a las familias de los carboneros con el fin de garantizar que tecnifiquen su trabajo para que cumplan con las normas ambientales y no sigan contaminando el aire.
Como concejal, considero que no es suficiente con la acción policiva y punitiva que ha llevado a varios padres y madres cabeza de familia a ser condenados a prisión por el delito ambiental y a multas millonarias que no están en capacidad de pagar. Su oficio de carboneros artesanales solo les permite conseguir lo necesario para comer y sobrevivir con sus hijos.
Muchas de estas familias me han manifestado su disposición a cambiar de oficio, pero para ello también requieren del apoyo de la Alcaldía. Me pregunto, ¿dónde está el trabajo de la secretaría de Integración Social, que debería incluir a estas personas en los grupos de población vulnerable que debería atender?, y ¿dónde la Secretaría de Desarrollo Económico para ayudar con capacitación y capital semilla a estas familias? ¿Y dónde está el alcalde, que no vuelve sus ojos a una población que necesita de la Bogotá Humana?
Desde el 2013 he promovido nueve mesas de trabajo con los carboneros y delegados de las entidades, pero dos años después no se ha movido un solo funcionario para atender este problema que sin duda es complejo de atender.
¿Será que una ciudad que se jacta de haber bajado 20 puntos la pobreza entre el 2002 y el 2012 se puede dar el lujo de ignorar que entre los pobres están los carboneros y que a ellos no ha llegado la reducción de la pobreza?
Olga Victoria Rubio
Concejal de Bogotá
