La concejal Xinia Navarro denunció hoy el posible detrimento patrimonial por cuenta del contrato No 2897 de 2017 entre el IDRD y el contratista Consorcio Infraestructura PCP, con el cual construyeron 41 módulos en el Parque Simón Bolívar para remplazar las casetas ocupadas por los vendedores informales históricos que están ubicados allí desde el año 1997.
“Lo grave de la situación es que la Secretaría de Salud está cerrando los módulos por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Consecuencia de ello, los vendedores están en este momento sin poder trabajar algunos y otros sometidos a las inclemencias del aire libre”, expresó la concejal.
Afirmó Navarro Prada que no se tiene certeza del costo exacto de dichos módulos. En respuesta a derecho de petición presentado por los vendedores informales, se les dijo que el costo había sido de $4.500 millones, pero en respuesta a derecho de petición presentado por la concejal se informó que los módulos costaron $2.260 millones, siendo el costo de cada módulo $50 millones.
Al parecer el Instituto de Recreación y Deporte IDRD no realizó estudios previos rigurosos para la construcción de los 41 módulos, entregándolos de forma irresponsable sin servicios públicos sin tener en cuenta los requisitos sanitarios establecidos en el título V de la Ley 9 de 1979 en el cual se dictan medidas sanitarias y sus reglamentos.
Informa la secretaria Distrital de Salud de Bogotá en acta Número AS02N031464 que:
“1. El establecimiento no garantiza hermeticidad alrededor, no tiene superficie pavimentada y facilita la generación de polvo.
2. Se evidencia deficiente limpieza debajo de equipos en área de proceso, el piso no cuenta con sifón, sistema de desagüe, ni pendiente requerida para efectos de drenaje.
3. No cuentan con sistema de ventilación.
4. No cuenta con locker’s, no tienen punto de agua, ni lavamanos, no disponen de puntos de agua potable, ni de tanques de almacenamiento.
5. No disponen de un sistema de sanitarios adecuados para recolección y disposición de aguas residuales.
6. No cuentan con programas de residuos sólidos”
Durante la denuncia hecha en el Concejo de Bogotá la cabildante preguntó su ¿el IDRD consultó a la Secretaría de Salud y al IPES cuáles eran los requisitos técnicos que debían tener dichos módulos?
“Es inadmisible que esta administración distrital por una parte persigue a los vendedores informales en el espacio público, y por otra utiliza los recursos públicos en inservibles estructuras metálicas para los vendedores supuestamente incluidos en la oferta distrital, pero la realidad es que están pasando penurias al sol y agua, sumado al posible detrimento patrimonial que esto representa. De ser así, El IDRD se está pasando por la faja los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política”. Necesitamos urgente la intervención de la Contraloría y de la Personería de Bogotá”, precisó Xinia Navarro.
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