A raíz de la demanda interpuesta por los concejales del Polo Democrático y Alianza Verde en cabeza de la candidata Claudia López en contra de la Primera Línea del Metro de Bogotá, el concejal del Centro Democrático, Diego Molano presentó el día de hoy una coadyuvancia a favor de ésta.
En dicho documento, radicado ante al Consejo de Estado, indica que se comprueba que el proyecto Metro es completamente legal y desmiente las "argucias jurídicas" de los sectores de la oposición que buscan sabotear la contratación y la construcción del proyecto de infraestructura más importante del Distrito Capital.
El Concejal manifestó que se han interpuesto más de siete demandas y nueve tutelas contra el proyecto Metro y que ninguna ha prosperado. “Esto indica que la Empresa Metro y esta administración, han obrado de manera responsable y bajo la legalidad que un proyecto como este se merece”, dijo.
“Aquí lo importante es generar confianza a los bogotanos, que el erario público no se está malgastando como así lo están tergiversando los de la oposición. Esto es un tema de ciudad y estamos aquí para defender el Metro de Bogotá", aseguró Molano
El Concejal presentó en el documento la línea de tiempo de los avances que se han realizado hasta ahora desde el primer estudio de alternativas realizado por la empresa SYSTRA en el 2016 y que sus bases fueron los estudios de ingeniería básica de los proyectos de metro anteriores, incluyendo el anterior subterráneo planteado en la administración del ex alcalde Gustavo Petro.
A partir de este análisis, pretende hacer un recuento de lo que se ha concluido en cada una de las etapas hasta ser declarado de importancia estratégica por la Nación concebido en el CONPES 3900 del 2017.
Este documento, más otros insumos son clave para llegar a la discusión de las vigencias futuras reglamentadas por el Concejo de Bogotá.
"Desde que se sostuvo la discusión de las vigencias futuras en el Concejo, hemos sido juiciosos con estudiar hasta la minucia de este proyecto. Somos responsables con la ciudad y por esto, estamos tranquilos que este proyecto está bajo la legalidad" señaló.
En compañía de su equipo de trabajo y algunos ciudadanos Molano radicó la coadyuvancia ante el Consejo de Estado para que sean ellos quienes estudien la veracidad de los argumentos presentados por la oposición en ansias de demostrar que hasta ahora, el proyecto de Metro es el más avanzado en temas jurídicos y técnicos y por ende, el más acorde con las necesidades de la ciudad.
Algunos datos adicionales
1. No es cierto que el trazado del metro viola el Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial). El problema jurídico radica en interpretación de las normas urbanísticas que desde el 2000 con el Decreto 619 se entendió por Sistema de Transporte Metro.
Al hacer la revisión en 2003 y la compilación en 2004, los artículos al que referían al sistema metro fueron derogados. Así, es una derogatoria tácita de los decretos 619 del 2000 y 469 del 2003, además de la perdida de ejecutoria de una norma que fue expedida hace más de 19 años.
2. La PLMB se modificó según las nuevas necesidades de la ciudad; la demanda, el modelo de transporte ya existente, la matriz origen - destino, la densidad urbana entre otras variables, hacen que la línea que se planteó hace más de 20 años no esté acorde con la nueva dinámica de la ciudad. Así las cosas, sería absurdo invertir en un proyecto de infraestructura de tal envergadura con supuestos que no son acordes ni técnica ni financieramente.
El proyecto de la PLMB es responsable con la ciudad y responde a las necesidades actuales y futuras que tiene la ciudad.
3. Las vigencias futuras ordinarias fueron aprobadas conforme lo ordena la Ley 819 de 2003 y demás normas de presupuesto, para la aprobación de este tipo de vigencias no se requieren los requisitos de las vigencias futura excepcionales, son dos instrumentos presupuestales completamente diferentes.
4. La PLMB sí tiene estudios en factibilidad, cosa contraria al proyecto subterráneo que contaba con ingeniería básica avanzada. Esto es evidente cuando el mismo Departamento Nacional de Planeación garantiza que los estudios presentados como requisitos para la declaración de importancia estratégica hecha en el CONPES 3900 de 2017 así lo confirma.
Es por esto que el metro subterráneo no alcanzó a pasar los 10 requisitos exigidos por el gobierno nacional y, por ende, no pudo pasar de la etapa de declaración estratégica. La Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias” en su artículo 12 define los estudios de ingeniería y lo que debería tener como mínimo un estudio en etapa de prefactibilidad. No sería responsable tanto con la ciudad como con el país, concederle financiación a un proyecto sin tener estudios claros. ¿Por qué se estaría echando la soga al cuello la Nación, el Banco Mundial y la administración haciendo algo indebido?.
