• Falta de reglamentación en Acuerdos de la ciudad
• Improvisación en implementación de taxis inteligentes
• Problemas en los contratos de grúas y semaforización inteligente en la ciudad
• Hallazgos por parte de la Contraloría en el Contrato No. 2016-802
La Concejal de Bogotá, Angela Garzón, mantiene su solicitud frente a la renuncia del Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Desde el Concejo de Bogotá, en diferentes debates de control político se ha llamado la atención sobre la gestión improvisada que, en distintos temas de urgencia para la ciudad, ha demostrado la Secretaría de Movilidad.
La gravedad del último hecho conocido por la opinión pública, a causa del contrato para modernizar el sistema de semaforización de la capital, enciende las alarmas. La Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía por posible falsificación de una comunicación, la cual fue utilizada para dar paso a la firma del acta de inicio del contrato de instalación y operación de semáforos inteligentes.
Como Concejal de Bogotá estaré atenta a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, ya que el posible fraude en documento público representa un perjuicio para los ciudadanos, y se debe llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de este acto delictivo.
No obstante, el tema de semaforización no es el único inconveniente que ha presentado la Secretaría de Movilidad, y en eso la Concejal Garzón es enfática: “La solicitud de renuncia, en la cual me mantengo, responde a razones técnicas y no a cálculos polítícos. La movilidad de la ciudad no mejora y la falta de reglamentación de acuerdos y los problemas con la implementación de los temas más importantes en la materia, le causan gran perjuicio a la ciudad”. Por ejemplo:
1- La implementación de los taxis inteligentes fue nuevamente aplazada por improvisación y el Secretario Bocarejo debió ampliar el plazo para la implementación de las nuevas tecnologías en taxis, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender la Resolución 2163 de 2016 del Ministerio de Transporte. Esta, que era una razón jurídica de peso para revisar una medida, sobre la cual algunos empresarios de taxis y conductores se habían ya manifestado, sólo fue tenida en cuenta por la Secretaría, hasta después del debate adelantado por el concejo, al cual el Secretarío no asistió por atender un evento por fuera del país.
2- Para junio del 2018, el Secretario Bocarejo admitió que existían errores en los comparendos de tránsito en Bogotá, situación que perjudicó a cientos de bogotanos, que fueron sancionados y embargados por infracciones que no cometieron.
3- La ausencia de reglamentación al cobro por congestión, aprobado en el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, como una fuente adicional de financiación a los temas de movilidad.
3- La falta de reglamentación a tres acuerdos de la ciudad que fueron sancionados por el Alcalde Enrique Peñalosa y que, al día de hoy, no se han implementado.
Acuerdos sancionados, pero que no han sido reglamentados:
• Acuerdo 663 de 2017, del 3 de marzo de 2017, “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito Capital”
• Acuerdo 674 de 2017, del 23 de mayo de 2017, “Por el cual se establece el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Control y Marcación de Bicicletas”
• Acuerdo 695 de 2017, del 28 de diciembre de 2017, “Por el cual se autoriza a la Administración Distrital el cobro de la tasa por el derecho de estacionamiento Sobre las vías públicas y se dictan otras disposiciones”
Por último, quiero señalar los hallazgos encontrados por parte de la Contraloría de Bogotá en el Contrato 2016-802, cuyo objeto fue “Contratar la consultoría especializada para realizar la estructuración a nivel técnico, financiero y jurídico para entregar en concesión la prestación de los servicios de patios y grúas para vehículos que se inmovilicen por infracciones a las normas de tránsito y transporte en Bogotá”.
Los hallazgos encontrados respondían a los productos de la fase 1 y 2, los cuales no fueron entregados en el plazo establecido en el cronograma, de igual manera no cumplieron con los requerimientos descritos en el anexo técnico y no fueron usados en el proceso licitatorio para la concesión de patios y grúas. Por lo anterior, se definió como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en la suma de $58.975.546.
A continuación resalto otros hallazgos con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales por las siguientes cuantías:
$3.771.766.760 porque la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la SDM aceptó pólizas de compañías de seguro como respaldo de las facilidades de pago que son de imposible reclamación.
$554.668.877 porque la SDM no realizó el cobro de intereses moratorios a los comparendos, incumplimiento del artículo 24 de la Ley 1383 de 2010.
Todo esto, motiva mi petición para que el Secretario de Movilidad renuncie. Es mi deber velar por la eficiente gestión de los recursos, el cumplimiento de metas y el bienestar de los ciudadanos.
