El panorama expuesto por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, revela que lo que viven millones de mujeres en Bogotá es una tragedia que parece no detenerse. Son las principales víctimas de violencia física; con mayor proporción de casos en violencia de pareja. En el 2019 se presentaron 260 Feminicidios en Colombia, y lo que va corrido del año 2020, 315 mujeres fueron asesinadas. El balance, señala que 16.473 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar, siendo Bogotá la región con mayor número de casos de maltrato, mientras que se advierte de hay un registro de 899 casos de valoración de riesgo, de los cuales el 48.9% figura en riesgo extremo.
En pleno período de cuarentena, las denuncias de mujeres víctimas de diferentes violencias en su hogar, por parte de sus parejas, exparejas o familiares ha venido en aumento: 8.632 llamadas a Línea Púrpura, más de cinco mil a las Casas de Igualdad, 2.618 atenciones psicológicas y 3.998 atenciones jurídicas, 10.932 solicitudes de atención e información por vía WhatsApp, 8.187 quejas por violencia intrafamiliar en las comisarías de familia, prenden las alarmas en una temporada donde las mujeres deberían sentirse más seguras al interior de su hogar. Por el contrario es donde la violencia oculta se evidencia ahora en aislamiento; de estos llamados, un 48% es referente a violencia psicológica, 25% de violencia Física, 15% de violencia económica, un 5% de violencia patrimonial y un 4% sobre violencia sexual 4%.
Como si fuera poco, ya vamos por siete feminicidios, que han tenido lugar solo en estos tres meses por toda la ciudad. Es alarmante que a medida que se presenta cada caso, también se conoce que las víctimas acudieron a todos los medios posibles para intentar salvar su vida. Mujeres que denunciaron ante las comisarías de familia, la Fiscalía o la Policía su situación de riesgo, presentaron pruebas, sus testimonios y los de testigos en varias ocasiones; sin embargo, ni una, dos o tres quejas por estos hechos fueron suficientes, se embolataron en la tramitología y las autoridades pertinentes no prestaron protección.
De qué sirven los canales de atención si pasan a las víctimas de un canal a otro, donde les imponen una serie de requisitos para que su denuncia surta efecto alguno, donde les indican que deben esperar porque son muchos los casos, donde muchas veces se encuentran con que es un vigilante el que determina si su atención es o no prioritaria. Esto no puede seguir ocurriendo ni en Bogotá, ni en el país. Se requiere de una reforma estructural al modelo de atención para las mujeres que corren riesgos inminentes, aplicar los mecanismos para facilitar el ingreso de los casos y la judicialización de los responsables.
Las pérdidas de Heidy Soriano y Celeste, de Leidy Marín, de Yaneth Adriana Aponte, de Nury Gelvez, de Yenny Vega o de Ana María Castro, no pueden pasar desapercibidas y por el contrario motivar a la acción interinstitucional para detectar la violencia contra a tiempo, y reducir los índices que hoy nos llevan a reclamar por la seguridad y bienestar de las mujeres. El Estado y la Justicia les están fallando a las mujeres. Hoy decimos nuevamente #NiUnaMás
Concejal de Bogotá
