El fallo que niega la pretensión del pago de 1.2 billones de pesos por parte del Distrito al Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) y que solo reconoce 64.500 millones que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) debe entregar al operador de Doña Juana abre la posibilidad de terminar con los incumplimientos de CGR y da vía libre a una alternativa más apropiada para operación del Relleno, como lo ha planteado desde el Concejo de Bogotá el concejal Julián Rodríguez Sastoque.
“A CGR se le está terminando el negociazo. Con el laudo arbitral que conocimos CGR no va más de 2024 y no recibirá los 1.2 billones de pesos que pretendía con la demanda. Aunque la condena es un golpe a las finanzas de la ciudad, el operador del Relleno también deberá pagarle a la UAESP cerca de 4.000 millones”, señaló el concejal de la Alianza Verde.
El concejal pidió a la Fiscalía General de la Nación entregar resultados en las investigaciones que adelanta por los presuntos delitos que ha cometido CGR y advirtió que desde el Concejo de la ciudad seguirá vigilando que no atropellen los derechos de los ciudadanos.
“CGR no puede seguir aprovechándose de los bolsillos de los bogotanos. Respetamos la decisión de los árbitros, pero no compartimos la condena que obliga al Distrito a pagar cerca de 65.000 millones. La decisión afecta las finanzas de la ciudad, sin embargo, es un triunfo para Bogotá que no haya sido de 1.2 billones como CGR pretendía”, agregó el concejal.
Rodríguez Sastoque indicó que confía en que la Administración Distrital utilizará los recursos judiciales necesarios para que se aclare y, si resulta procedente, se pida la anulación de esta condena.
Detalles de la decisión
El operador, que fue contratado por la Alcaldía de Samuel Moreno, siempre le ha incumplido a Bogotá y además pretendía que se le ampliará la concesión y una indemnización de 1.2 billones de pesos.
Sin embargo, el fallo no concedió tal pretensión económica y declaró la terminación del contrato de concesión una vez culmine la capacidad del Relleno, de acuerdo con la licencia ambiental.
La decisión también reconoce los múltiples incumplimientos que CGR ha cometido y que desde la curul del concejal Rodríguez Sastoque se han denunciado como ejercicio de control político durante los últimos tres años: tratamiento de lixiviados ineficiente y vertimiento ilegal; suministro incompleto de información; incumplimiento con obras de estabilización y cierre e insuficiencia en la maquinaria, entre otras.
Adicionalmente, el Tribunal condenó a CGR a pagarle a la UAESP aproximadamente 4.000 millones de pesos por los perjuicios que ha causado a la ciudad.
