Aunque el objeto del contrato es el reforzamiento estructural de la sede A de la Macarena, que contempla un presupuesto de $256.6 millones de pesos, el valor total de la obra incluyendo otros componentes que no están definidos en la licencia tramitada es de $13.898 millones de pesos.
Una vez se cierra el proceso licitatorio, se declara como único oferente al consorcio CANAAN CONTEIN - AMP, que presenta propuesta por $13.366 millones, valor que fue aceptado por la Universidad en la resolución 456 del 29 de julio de 2011. Tan solo seis semanas después, mediante resolución 577 del 15 de septiembre de 2011, el rector de la Universidad, Inocencio Bahamón Calderón, aclara y modifica extemporáneamente la resolución, cambiando el valor del contrato y aumentándolo en $1.329 millones, para un total de $14.696 millones, en contravía de la norma procedimental.
El 6 de diciembre de 2013 se hace una nueva adición al contrato para incluir obras de remodelación como espacios de almacenamiento de aguas, modificaciones en la parte eléctrica y de comunicaciones, senderos peatonales, garitas, una cafetería, adecuación del auditorio, ascensores, sistemas de ventilación, entre otros, que no estaban contempladas ni en la licencia, ni en el contrato. Estos componentes representaron una adición de $4.650 millones, lo que al final sumó $19.296 millones contratados.
Además de las irregularidades en la contratación, la obra ha tenido serias dificultades en el proceso de licenciamiento. Según una resolución expedida por la curaduría urbana número cuatro, la sede de la Universidad Distrital está ubicada en un área de reserva forestal, lo que impide su ampliación y/o adecuación.
En cumplimiento a un fallo de tutela presentado por la institución educativa, un juez municipal ordenó el amparo transitorio del derecho a la seguridad en conexidad con la vida y la educación, dado que ya existía un edificio construido. Obligada por la disposición judicial, la Curaduría acató la decisión y sin realizar los respectivos estudios jurídicos y estructurales, expidió la licencia de construcción en modalidad de reforzamiento estructural.
Los efectos del amparo transitorio cesaron, ya que la universidad no adelantó las acciones ordenadas por el fallo de tutela. La licencia otorgada llegó a su vencimiento y a la fecha no existe documento alguno que soporte las obras realizadas.
La Alcaldía Local de Santa Fe, mediante la resolución 617 de 2013, declaró infractor del régimen de obras y urbanismo a la Universidad Distrital, obligando demoler los módulos provisionales donde los estudiante recibían clases mientras se desarrollaban las obras de reforzamiento. Así mismo, la alcaldía adelanta una actuación administrativa que tendrá que terminar en la demolición de las obras realizadas que se hayan hecho en la zona de reserva forestal dados los problemas en el proceso de licenciamiento.
Así las cosas, cerca de 20.000 millones de pesos irán al piso por la falta de planeación y previsión. “Amparados en una licencia para reforzar estructuralmente un edifico terminan haciendo una obra de remodelación y ampliación general. Penosamente, Bogotá tendrá que padecer su propio monumento a la irresponsabilidad, la improvisación y a la violación flagrante de la ley, que perjudica a la población estudiantil y a las finanzas de la ciudad. Solicito a los organismos de control una profunda investigación sobre el proceso licitatorio, la contratación y la adjudicación de licencias a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” puntualizó el concejal Acosta.
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA
Concejal de Bogotá
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