La decisión judicial con la que fue admitida la Acción de Cumplimiento interpuesta por el Concejal por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, exige al Alcalde Enrique Peñalosa, el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, la Secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, el Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, el Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que en un plazo de 10 días, expliquen ante un juez de la República, y bajo la gravedad de juramento, si las vigencias futuras aprobadas para el metro de Bogotá el pasado 12 de mayo, corresponden a un metro elevado o uno subterráneo. La exigencia se da después de que el Concejal aportara más de 20 documentos, que prueban que las vigencias futuras tramitadas en el Concejo de Bogotá por la Administración Distrital fueron soportadas en estudios que corresponden a un metro subterráneo que para la juez hacen “posible adoptar una decisión de fondo”.
El Concejal Hollman Morris dijo que es hora de que el Alcalde le diga la verdad a los bogotanos “aquí hay una oportunidad importante para que Alcalde Enrique Peñalosa, de una vez por todas, le diga la verdad a Bogotá. Yo estoy confiado de que en 20 días, la juez va a proferir un fallo de fondo, y que va a decir que el Concejo de Bogotá aprobó en vigencias futuras un metro subterráneo.”
Además, el Concejal Progresista aseguró que esta es una oportunidad para Bogotá pues “si el Alcalde de Bogotá es responsable con el presupuesto, con la ciudad y con la movilidad, deberá iniciar prontamente el metro subterráneo que la administración anterior había dejado en estudios de ingeniería de diseño conceptual, y de ingeniería básica avanzada, sumado al trámite del 100 % de los recursos financieros del proyecto metro subterráneo, en vez de someter al atraso a la ciudad.”
Se espera que la administración distrital presente sus explicaciones referentes a los soportes con los que se aprobaron las vigencias futuras en 10 días y que en 20 días la juez de la república tome una decisión de fondo. Para Augusto Ocampo, abogado del demandante, de no cumplirse el Alcalde Peñalosa “se expondría a sanciones no sólo disciplinarias sino penales, por prevaricato y de fraude a una resolución judicial.”
