El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, denunció presuntas irregularidades en el proceso de contratación que adelanta la Secretaría de Seguridad para el servicio de alimentación en la Cárcel Distrital. Espinosa señaló que el pasado 11 de julio se adelantó el proceso de subasta inversa a través de SECOP por cerca de $50 mil millones para los próximos tres años.
“Ese día, a las 5:18 p.m., la Unión Temporal Nutridistrital ofreció $37.000 pesos por ración, ocho segundos después, ARDIKO S.A.S. lanzó una oferta por $15.000 pesos por ración. ¿De verdad es posible ofrecer desayuno, refrigerios, almuerzo, refrigerio, cena y café por solo $15.000?” cuestionó el concejal.
Según Espinosa, en este proceso se presentaron ofertas sospechosamente sincronizadas con diferencias de precios difíciles de justificar. Además, indicó que hubo una situación extraña cuando la Unión Temporal Amanecer Distrital, conformada por empresas con antecedentes cuestionables, pidió suspender la subasta argumentando un precio artificialmente bajo, pero segundos después ofertaron $14.700.
“Estamos frente a un proceso que podría convertirse en un gran escándalo para el Distrito si no se toman medidas urgentes, por lo tanto, es fundamental que las autoridades administrativas, los entes de control y la ciudadanía en general tomen nota de lo que está ocurriendo”, advirtió el concejal Espinosa.
Por otro lado, durante su intervención en el Concejo de Bogotá, el concejal recordó que empresas involucradas, como MACSOL, DISFRUVER, PROVECOL y ARDIKO, han sido previamente señaladas por presuntas irregularidades en contratos públicos. “MACSOL, por ejemplo, fue investigada por su participación en un presunto cartel del Programa de Alimentación Escolar. Disfruver fue sancionada en 2019 por sabotaje en procesos del PAE. Ardiko ha sido señalada por entregar alimentos de mala calidad”, advirtió.
Ante este proceso para los alimentos de las personas recluidas en la Cárcel Distrital, Espinosa alertó que este tipo de maniobras podrían configurar una “colusión” entre oferentes, prohibida por la Ley 1474 de 2011. Que ofrecen precios artificialmente bajos para ganarse el contrato y luego piden adiciones. Por esta razón pidió suspender el proceso y activar los mecanismos de control.
“Le solicito al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad que detengan esta subasta inversa. Estamos a tiempo de corregir y evitar que este contrato se adjudique con vicios de procedimiento. Pedimos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría y la Fiscalía para investigar a fondo este caso”, enfatizó el concejal.
