En la plenaria del Concejo de Bogotá se llevó a cabo el debate de oposición de la concejala Ana Teresa Bernal, titulado “Conflictos ambientales en Bogotá: disputas, conflictividades y actores armados no estatales en las dinámicas territoriales de la ciudad”. Durante su intervención, la cabildante denunció la persistencia de graves problemáticas ambientales y sociales que atraviesan a la capital y advirtió sobre la necesidad de que la administración distrital asuma con mayor seriedad la defensa de los ecosistemas estratégicos y de las comunidades que habitan los territorios.
“Un conflicto ambiental no es solamente un tema técnico; es una manifestación marcada por tensiones sociales, ecológicas, culturales y políticas. En Bogotá se ha impuesto la lógica extractiva y mercantil que instrumentaliza la naturaleza, dejando de verla como madre tierra y convirtiéndola en un simple factor de dominación y poder”, señaló Bernal.
La concejala explicó que estos conflictos nacen de la depredación ambiental, la desigualdad, los intereses corporativos y las violencias armadas, factores que deterioran la calidad de vida de miles de bogotanos y profundizan la injusticia social y ambiental. Agregó que la administración distrital ha demostrado “una débil capacidad de autoridad y una gestión fragmentada” que ha facilitado la permanencia de estas problemáticas en distintos puntos de la ciudad.
Caso 1: Polígono 194 del Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes
Uno de los ejemplos expuestos por la concejala fue el polígono 194 del Parque Distrital Ecológico de Montaña Entre Nubes, área estratégica de 31 hectáreas ubicada en la Cuchilla del Gavilán. De estas, 18 hectáreas han sido afectadas por ocupaciones ilegales y construcciones informales, lo que ha causado tala masiva de árboles, remoción indiscriminada de cobertura vegetal, degradación de suelos y afectación de nacimientos de agua que alimentan la quebrada Yomasa.
El parque, rodeado por más de 100 barrios de estratos 1 y 2, alberga una biodiversidad única: 80 especies de aves, 175 de flora, seis de mamíferos y más de 220 artrópodos, además de ecosistemas de bosque altoandino y páramo. Sin embargo, desde 2016 la zona enfrenta un proceso acelerado de asentamientos informales. Según cifras oficiales, a 2025 se registran alrededor de 500 ocupaciones ilegales, muchas asociadas al accionar de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y pandillas locales que ejercen control territorial, extorsión e intimidación contra la población.
“La realidad de Entre Nubes refleja cómo la ciudad no tiene herramientas integrales para enfrentar la convergencia entre deterioro ambiental, despojo violento y exclusión social. No se trata solo de un abordaje policivo: se requiere una estrategia integral que reconozca los derechos de las comunidades desplazadas y los de la madre naturaleza”, afirmó Bernal.
La situación ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas, y organizaciones comunitarias han interpuesto acciones populares para exigir protección de la reserva y de las familias en riesgo. Cabildos indígenas, comunidades afrodescendientes y población desplazada habitan el polígono bajo condiciones de exclusión y amenazas permanentes.
Caso 2: La Quebrada Trujillo y la privatización del agua
El segundo caso expuesto fue el de la Quebrada Trujillo, ubicada en los cerros orientales, parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. Allí se han constatado ocupaciones indebidas, cerramientos ilegales y privatización de bienes de uso público, pese a que la normativa vigente establece que sus usos solo pueden ser de conservación, restauración y educación ambiental.
La concejala denunció que constructoras privadas han intervenido el cauce, incluso trasladándolo y cercándolo con muros y mallas electrificadas que restringen completamente el acceso público. Uno de los casos más graves es el del edificio Balcones de Bella Suiza, donde se interrumpió el trazado natural de la quebrada, situación que compromete el equilibrio hídrico y pone en riesgo tanto el ecosistema como la seguridad de las familias vecinas.
“El caso de la Quebrada Trujillo trasciende lo ambiental e involucra relaciones de poder político y económico. Si quienes han ostentado altos cargos del Estado participan en proyectos que afectan los ecosistemas, se pone en entredicho la aplicación de la norma y la garantía de los derechos colectivos”, advirtió Bernal.
Según información de la Empresa de Acueducto, entre 2024 y 2025 apenas se adelantaron labores de limpieza en un tramo de 840 metros, intervención claramente insuficiente. La próxima acción oficial está programada para 2026, lo que evidencia una brecha de más de un año sin mantenimiento y un vacío institucional que facilita el avance de actores privados sobre la quebrada.
Una propuesta: Comisión Accidental para zonas de alto riesgo
La concejala Bernal concluyó su intervención insistiendo en que los conflictos ambientales tienen raíces históricas, estructurales y sociales que deben ser atendidas con una visión integral. Por ello, propuso la creación de una Comisión Accidental sobre desarrollos informales en zonas de alto riesgo, con el fin de articular acciones de protección a las comunidades y salvaguarda de los ecosistemas estratégicos de Bogotá.
“No podemos seguir hablando de protección ambiental si no cumplimos con ella. No basta con discursos, necesitamos decisiones firmes que reconozcan a Bogotá como un territorio vivo donde la prioridad sea la vida, los derechos humanos y la naturaleza”, puntualizó.
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