En el Recinto Los Comuneros del Concejo de Bogotá se realizó la Audiencia Pública por la Vida y la Seguridad Humana, convocada por la concejala Ana Teresa Bernal, la Mesa de Paz de Bogotá y distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y de paz, con el propósito de escuchar a la ciudadanía frente a la grave situación de seguridad que atraviesa la capital del país.
A la jornada asistieron más de 80 ciudadanos entre ediles, líderes sociales, víctimas de distintas violencias, plataformas de derechos humanos, representantes comunitarios, jóvenes, organizaciones sociales y habitantes de diferentes localidades de Bogotá, quienes expusieron denuncias, preocupaciones y propuestas frente al deterioro de las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
La audiencia contó con la participación de organizaciones como REDEPAZ, INDEPAZ, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, DEPAZES, Procrear, Justicia y Democracia, Viva la Ciudadanía y distintos procesos territoriales y comunitarios que vienen haciendo seguimiento a las problemáticas de violencia urbana, vulneraciones de derechos humanos y conflictividades sociales en Bogotá.
Durante la instalación del espacio, se presentó un balance sobre la situación actual de seguridad en la ciudad, en el que se advirtió el incremento de distintas formas de violencia y criminalidad, así como la creciente percepción de desprotección en los territorios. En la presentación se señaló que los indicadores registrados y los miles de casos que no son denunciados reflejan la compleja situación que enfrentan miles de bogotanos y bogotanas en su vida cotidiana.
Asimismo, se alertó sobre la presencia y consolidación de estructuras criminales de alto impacto en Bogotá, entre ellas el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, vinculadas, según las denuncias conocidas en la audiencia, a fenómenos de narcotráfico, extorsión, reclutamiento de jóvenes, trata de personas y control territorial en distintos sectores de la ciudad.
La ciudadanía denunció que existen territorios donde la institucionalidad no tiene presencia efectiva y donde las comunidades sienten abandono por parte de las autoridades distritales. Varios de los asistentes afirmaron que sus denuncias no reciben respuestas oportunas y que, pese a convivir diariamente con dinámicas de violencia y criminalidad, las acciones institucionales siguen siendo insuficientes.
En el espacio también se escucharon graves denuncias relacionadas con la situación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, especialmente frente a riesgos de violencia, instrumentalización y vulneración de derechos en diferentes localidades de Bogotá. Las organizaciones participantes insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y garantía de derechos para las juventudes.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, llamó la atención sobre la falta de articulación institucional y sobre los riesgos que representa la estigmatización hacia comunidades, liderazgos y organizaciones sociales. Durante la audiencia se advirtió que los discursos estigmatizantes terminan profundizando escenarios de vulneración de derechos humanos y afectando la convivencia en distintos territorios de la ciudad.
Uno de los hechos más cuestionados por los asistentes fue la ausencia de la Secretaría Distrital de Seguridad y de la Secretaría Distrital de Gobierno, entidades convocadas formalmente a la audiencia pública y responsables directas de las políticas de seguridad, convivencia y articulación institucional en Bogotá.
La no asistencia de la administración distrital fue interpretada por distintos sectores ciudadanos como una señal de indiferencia frente a las denuncias y preocupaciones expresadas por las comunidades. Los participantes señalaron que resulta preocupante que, mientras la ciudadanía exige espacios de escucha y construcción colectiva de soluciones, las entidades responsables no hagan presencia en escenarios democráticos de participación.
Durante el cierre de la audiencia, la concejala Ana Teresa Bernal insistió en la necesidad de construir una política de seguridad humana que ponga en el centro la vida, la dignidad y los derechos de las personas, y no únicamente respuestas reactivas frente a la criminalidad.
Igualmente, se reiteró que lo que hoy ocurre en Bogotá no puede analizarse de manera aislada de las dinámicas nacionales del conflicto armado, las economías ilegales y las disputas territoriales que impactan a distintas regiones del país y que hoy también tienen efectos en la capital.
Como conclusión, las organizaciones convocantes insistieron en la necesidad de mantener espacios permanentes de trabajo conjunto entre instituciones, ciudadanía y organizaciones sociales, que permitan construir respuestas integrales frente a la crisis de seguridad y derechos humanos que vive Bogotá.
La audiencia cerró con un llamado a fortalecer la interlocución entre la ciudadanía y las instituciones, avanzar en mecanismos reales de participación y garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas en la construcción de políticas públicas para la ciudad.
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