Durante la más reciente sesión del Concejo de Bogotá, la concejala Ana Teresa Bernal del Pacto Histórico expresó su apoyo a la necesidad de una reforma estructural en la Personería Distrital, pero advirtió sobre la importancia de realizarla bajo criterios técnicos sólidos, respetando la normativa vigente y garantizando un verdadero fortalecimiento institucional en beneficio de la ciudadanía.
En su intervención, Bernal resaltó la relevancia del papel que cumple la Personería en la defensa y protección de los derechos humanos, el control disciplinario y el acompañamiento a las comunidades. “La Personería es un órgano clave en la garantía de derechos y la vigilancia de la gestión pública. Su fortalecimiento es urgente y necesario, pero debe hacerse con total transparencia y basándose en estudios técnicos serios que evidencien las necesidades reales de la ciudad”, afirmó.
La concejala reconoció el compromiso del personero distrital en su labor de acercamiento a las comunidades, destacando su reciente participación en una reunión en la localidad de Usme, donde escuchó a los habitantes durante más de tres horas. “Ese tipo de acompañamientos son esenciales para acercar la institucionalidad a la ciudadanía. Sin embargo, la reestructuración debe ir más allá de buenas intenciones y responder a los verdaderos retos territoriales”, añadió.
Inconsistencias en la propuesta actual
Bernal fue enfática en señalar las inconsistencias encontradas en la propuesta de reestructuración presentada ante el Concejo. Según explicó, el último estudio de cargas laborales realizado en 2023 evidenció la necesidad de incorporar 491 nuevos cargos, especialmente de profesionales y auxiliares, con el fin de ampliar la cobertura territorial y mejorar la capacidad de respuesta de la Personería frente a las necesidades ciudadanas.
“Contrario a lo recomendado por el estudio, la propuesta actual contempla la creación de 38 nuevos cargos directivos —entre asesores y personal local— con un costo estimado de $16.685 millones. Estos recursos podrían destinarse a la contratación de al menos 138 profesionales, lo que permitiría reforzar el trabajo en terreno y mejorar la atención a las comunidades”, destacó la concejala.
Además, Bernal cuestionó la creación de 10 nuevas personerías locales sin un soporte jurídico claro ni evidencia en el estudio de cargas laborales. “Bogotá cuenta con 20 localidades reconocidas y cada una ya tiene su respectiva personería local. La creación de nuevas personerías debe estar debidamente justificada y respaldada por estudios técnicos y normativos que lo sustenten”, advirtió.
Riesgos legales y debilitamiento institucional
Otro punto crítico señalado por la concejala fue la posibilidad de que las funciones esenciales del personero se diluyen al delegarse en personerías auxiliares y delegadas. “El núcleo misional de la Personería debe permanecer en cabeza del personero distrital. No podemos permitir que sus competencias fundamentales se fragmenten, debilitando su rol de garante de derechos”, señaló Bernal.
La concejala también advirtió sobre los riesgos legales que podría enfrentar el proyecto si no se ajusta a las normativas vigentes. “Las modificaciones en las plantas de personal deben sustentarse en estudios técnicos previos como requisito de legalidad. No podemos repetir errores que ya han generado antecedentes de nulidad en otras entidades distritales. Es el caso de la empresa La Rolita, donde la falta de rigor técnico en procesos similares derivó en sanciones legales”, recordó.
Llamado a una reforma transparente y efectiva
Bernal reiteró su respaldo a una reestructuración que realmente fortalezca la Personería y mejore su capacidad de respuesta frente a los desafíos de una ciudad con más de 8 millones de habitantes y profundas desigualdades sociales. Sin embargo, insistió en que los cambios deben priorizar la ampliación de la planta de profesionales de campo y el fortalecimiento de las personerías locales existentes, antes que la creación de nuevos cargos directivos sin sustento técnico.
“Esta discusión no se trata solo de cifras y cargos. Se trata de cómo aseguramos que los derechos de los bogotanos estén protegidos y que las comunidades más vulnerables tengan acceso a la institucionalidad. Por eso hacemos un llamado a revisar esta propuesta, corregir las inconsistencias y garantizar una reforma transparente, eficiente y ajustada a la ley”, concluyó.
La concejala finalizó su intervención haciendo un llamado al Concejo para que se entregue toda la documentación técnica correspondiente antes de tomar una decisión definitiva sobre la reestructuración, garantizando un debate informado y responsable en favor de la ciudadanía bogotana.
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