La concejala Ana Teresa Bernal, de la bancada Colombia Humana – Pacto Histórico, lideró en el Concejo de Bogotá un debate de control político que puso en evidencia las graves consecuencias de la tercerización laboral promovida por la actual administración distrital en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.
En el debate titulado “Derechos laborales y modelos de tercerización”, Bernal advirtió que el gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán “ha demostrado un talante autoritario en materia de derechos laborales”, privilegiando esquemas de contratación tercerizados, hostiles frente a la organización sindical y con un enfoque abiertamente privatizador. Estas decisiones, según la concejala, están debilitando las capacidades institucionales del Distrito y generando condiciones laborales cada vez más precarias para miles de trabajadores y trabajadoras en Bogotá.
“El modelo de ciudad que propone esta administración es insostenible: recorta derechos, precariza el trabajo público, entrega funciones esenciales a privados y reproduce la lógica del mercado en servicios fundamentales como la salud, la educación o el aseo”, señaló Bernal.
Una administración que terceriza, debilita y explota
La concejala presentó cifras contundentes: de las 115.813 personas vinculadas al Distrito Capital en 2023, el 48% son contratistas, es decir, casi la mitad de quienes prestan sus servicios al Distrito están bajo esquemas de contratación temporal, sin prestaciones sociales, sin estabilidad laboral y sin garantías mínimas.
“Los contratistas son trabajadores invisibilizados, con jornadas que superan las 10 o 12 horas diarias, y sin ninguna certeza de renovación. En Bogotá, muchos servidores públicos saben a qué hora entran, pero no a qué hora salen”, denunció Bernal.
Según el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para 2024 había 59.504 servidores públicos, de los cuales el 60% se concentra en la Secretaría de Educación, con 35.719 trabajadores. Sin embargo, Bernal denunció que la relación de esta administración con el gremio docente “es conflictiva, autoritaria y de muy baja interlocución”.
“¿Cómo es posible que la Alcaldía no escuche al profesorado de base? ¿Cómo se construye una política pública sin entender los contextos sociales, culturales y políticos de las y los educadores?”, cuestionó.
Modelos de tercerización: una estrategia de precarización
Durante su intervención, Bernal detalló tres modalidades de tercerización promovidas por la Alcaldía:
- Tercerización de procesos: funciones esenciales como atención al ciudadano, archivo o gestión contable han sido delegadas a operadores externos, sobre todo en hospitales y entidades administrativas. Esto ha derivado en alta rotación, pérdida de control institucional y desprotección laboral.
- Tercerización de servicios: servicios como aseo, vigilancia y soporte técnico en colegios, hospitales y entidades públicas están tercerizados. Los trabajadores enfrentan contratos intermitentes, bajos salarios y jornadas extendidas. Además, se les niega el derecho a la organización sindical.
- Colaboraciones público-privadas: en el sector salud, la operación tercerizada de las Subredes ha permitido la contratación masiva de personal médico y asistencial bajo esquemas inestables y sin garantías. En febrero de 2025, la Secretaría de Salud registraba 19.798 contratos por prestación de servicios.
La concejala calificó estas prácticas como una “política de despojo institucional”: “No es eficiencia, es vulneración sistemática de derechos. Lo que disfrazan como ahorro o agilidad, es explotación laboral.”
Incoherencias del discurso de austeridad
Bernal también denunció la incoherencia del llamado Plan de Austeridad promovido por la Alcaldía. En la Circular Externa 002 de 2025, la administración exhorta a reducir costos en contrataciones; sin embargo, simultáneamente firmó un contrato por 7 mil millones de pesos con la firma privada CISA para administrar cartera en la Secretaría Distrital de Hacienda. Todo esto, mientras se mantiene un represamiento de funciones misionales y 132 cargos vacantes sin provisión.
“¿Cómo se justifica contratar a una empresa externa cuando hay personal capacitado y dispuesto a asumir estas funciones? ¿Realmente es más eficiente pagar millones a privados que formalizar el trabajo público?”, preguntó Bernal.
Mujeres y trabajadores rurales: las más afectadas
En su intervención, Ana Teresa Bernal también alertó sobre la feminización de la precariedad en Bogotá. De los 59.618 trabajadores del sector público, 36.558 son mujeres, concentradas en su mayoría en el sector educativo.
Estas trabajadoras enfrentan techos de cristal, acoso laboral, escasa denuncia de violencia y desconocimiento de condiciones de salud específicas, como los efectos de los ciclos menstruales incapacitantes. Además, asumen una doble carga: laboral y doméstica, debido a los estereotipos de género.
“Es urgente que la legislación laboral contemple permisos y citas médicas por afecciones menstruales incapacitantes. No podemos seguir invisibilizando las condiciones particulares de las mujeres trabajadoras”, exigió la concejala.
A su vez, denunció que el 76% del territorio de Bogotá es rural y que esta realidad sigue ignorada por las políticas públicas. En Sumapaz, las entidades distritales no garantizan condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo.
“Bogotá sigue dándole la espalda a lo rural. La precariedad también se siembra con el olvido institucional”, afirmó Bernal.
Reforma laboral y consulta popular: recuperar derechos
La concejala cerró su intervención articulando este debate con la urgencia de una reforma laboral nacional y la propuesta de consulta popular para restituir derechos fundamentales:
- Restablecer la jornada laboral máxima de 8 horas diarias.
- Pagar el 100% del dominical.
- Crear sistemas de crédito solidario con enfoque cooperativo.
- Reconocer derechos de salud relacionados con condiciones específicas de género.
- Contratar aprendices del SENA con derechos laborales.
- Duplicar la contratación de personas con discapacidad.
- Garantizar salario mínimo integral para repartidores y conductores.
“No es solo un asunto técnico. Es una apuesta política por la dignidad del trabajo, por el fortalecimiento de lo público y por un modelo de ciudad que reconozca el valor humano de sus trabajadores”, concluyó Ana Teresa Bernal.
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